Mexicanizar, pero que no nos tomen el pelo. A eso equivaldría comprar a precio de oro la chatarra de la Mexicana de Aviación.
Ya nadie se atreve a poner en duda la conveniencia de que las actividades económicas básicas están en manos de mexicanos. Las ventajas son tan evidentes que se imponen por sí mismas: las decisiones económicas se toman en nuestro propio país y no en Nueva York, Chicago o Londres; se eliminan las interferencias y presiones de gobierno e intereses extranjeros; las utilidades obtenidas están a disposición del país para su reinversión (aunque temporalmente puedan depositarse en bancos del exterior); etc.
La “mexicanización” de las empresas tiene, por lo tanto, una justificación plena, ya que el tiempo que asegura un desarrollo más sólido, contribuye al fortalecimiento de la independencia económica del país.
Una política de “mexicanización” debe dirigirse fundamentalmente hacia dos objetivos concretos: 1°- Aumentar al máximo la inversión mexicana, gubernamental y privada, en empresas productivas y de utilidad básica, y legislar a efecto de que toda nueva empresa pertenezca a mexicanos, de manera efectiva, cuando menos en un 51% de su capital; y 2°- rescatar empresas extranjeras que estén operando en actividades que se consideren fundamentales para asegurar un desarrollo planificado y rápido, para fortalecer la independencia económica del país.
Mucho se ha hecho en relación al fomento de la inversión nacional ya se han logrado importantes avances, aunque como ya lo hemos señalado en diversas ocasiones, falta mucho por hacer, pues existen todavía grandes posibilidades de aumentarla y de dirigirla en forma más conveniente desde el punto de vista del desarrollo.
También se han tomado algunas medidas para aumentar la participación de capitales mexicanos en las nuevas empresas que se van estableciendo, con resultados tangibles, pero todavía no existe una legislación bien integrada que asegure la mayoría de capital mexicano en las actividades básicas. La necesidad de tal legislación es insoslayable y constituye un imperativo en los actuales momentos.
Pero, aunque indispensable, no basta una política de fomento de las inversiones mexicanas en nuevas empresas, porque actualmente existen muchas actividades fundamentales que se encuentran dominadas por empresas extranjeras, con serios inconvenientes para el futuro desarrollo del país. Es por ello necesario que se siga una política de rescate que integre esas actividades al dominio de la nación. Esto debe aplicarse especialmente a los servicios públicos y a actividades industriales básicas.
El rescate de la riqueza nacional de manos extranjeras adopta dos variantes: la nacionalización y la compra de empresas. La nacionalización consiste en la toma de control, por mandato legal por parte del gobierno, de empresas de propiedad extranjera, a las que se les paga posteriormente, y de acuerdo con los avalúos y arreglos de pago que se hagan, la cantidad que justamente corresponda. La compra de empresas, en cambio, se realiza en términos financieros, de acuerdo con arreglos previos con los propietarios, tanto en lo que hace al valor de la transacción, como a la forma de pago.
El camino de la nacionalización fue seguido sobre todo por el gobierno del general Cárdenas, que por ese procedimiento rescató para el país la riqueza petrolera, los ferrocarriles, algunos latifundios y otras propiedades extranjeras. El gobierno tomó posesión de esas riquezas y mediante avalúos y arreglos con sus anteriores propietarios, cubrió su importe en la forma convenida.
El procedimiento de la nacionalización tiene una serie de ventajas que la hacen recomendable como instrumento de rescate. Entre ellas, se tiene la seguridad de que efectivamente se mexicanizan las empresas nacionalizadas y que se cierra el paso al capital extranjero para el futuro; se paga por ellas un precio justo, el que corresponde al valor de las mismas; y se les puede dirigir hacia la satisfacción de intereses generales del país y para acelerar el desarrollo planificado de la economía. Por el contrario, es menester reconocer que el procedimiento de la nacionalización generalmente crea fricciones con los antiguos propietarios que con frecuencia provocan lesivas intervenciones de gobiernos extranjeros. Sin embargo, esas fricciones e intervenciones pueden superarse como lo demuestra el caso de la nacionalización del petróleo. Por lo tanto, es recomendable la nacionalización como el más conveniente medio de una política de rescate, siempre que ello sea posible.
En los últimos regímenes se ha preferido como instrumento de rescate la compra de las empresas extranjeras. Este procedimiento se ha seguido en varios casos importantes, entre los que cabe mencionar los siguientes: empresas de generación de energía eléctrica, empresas telefónicas, numerosas salas de exhibición de películas, una importante empresa siderúrgica (La Consolidada), algunas empresas de transporte aéreo (Aeronaves y otras), algunas empresas mineras (Pachuca y Real del Monte, Peñoles, American Smelting, Cía. Minera San Francisco, y otras), y recientemente, la empresa azufrera más importante (Pan America Sulphur). Esto aparte de la mexicanización del sistema bancario que para estas fechas debe haberse efectuado, en cumplimiento del decreto expedido por el actual régimen hace más de un año.
No cabe duda que tiene una importancia trascendental que empresas como las mencionadas pasen al patrimonio nacional. Esto, a pesar de que haya en muchos casos fallas notorias que disminuyen su importancia. Es de interés nacional que la política de rescate continúe y se transfieran al patrimonio del país muchas otras empresas que ahora se encuentran bajo el dominio total del capital extranjero.
Sin embargo, debemos señalar algunas grandes fallas que ha habido en la política de mexicanización, las que reducen y aun pueden nulificar los beneficios que debe aportar al desarrollo acelerado del país y la consolidación de la independencia económica nacional.
En primer lugar, cuando los compradores son inversionistas privados (o en asociación con el gobierno cuando éste no obtiene la mayoría del capital) no se puede tener la seguridad de que se logre una verdadera mexicanización. En ocasiones, como en el caso de algunos de las empresas mineras, la mexicanización es dudosa ya que ha sido motivada por nuevas disposiciones legales a las que deben ajustarse los propietarios extranjeros, por obligación o por conveniencia, lo cual se presta a simulaciones de propiedad. En tales condiciones no hay garantía de un rescate verdadero.
En segundo lugar, y aun cuando la mayoría de las acciones pase efectivamente a poder de inversionistas privados mexicanos, los anteriores propietarios siguen siendo socios importantes y se las ingenian para mantener el control de las compras, de las ventas o de los procesos tecnológicos o de puestos importantes de dirección. En esta forma, los inversionistas extranjeros aseguran una proporción elevada de utilidades de las empresas, amén de asignarse fuertes partidas por concepto de sus servicios, con lo que materialmente esquilman a las empresas.
En tercer lugar, cuando la mexicanización se realiza por la combinación del gobierno y empresarios privados mexicanos, estos últimos no aportan su propio capital sino en cantidades insignificantes, recurriendo a las instituciones gubernamentales, como la Nacional Financiera, para que les faciliten el dinero para realizar la operación, sea directamente o mediante la concertación de préstamos exteriores avalados por el gobierno. Parece ser este el caso de la reciente mexicanización de azufre.
En cuarto lugar, con frecuencia la operación de compra se realiza por presiones de las propias empresas extranjeras que encontrándose en quiebra quieren transferir al gobierno la carga de sus empresas en bancarrota y desde luego, a precio de oro. Estas mexicanizaciones, además de ser gravosas para el patrimonio nacional, ocasionan grandes problemas de manejo y de operación eficientes. En este caso podemos concluir la adquisición de los bienes de Aerovías Guest, error que amenaza con repetirse en la posible compra de la Compañía Mexicana de Aviación, si es que el gobierno acepta pagar los precios estratosféricos que dicha empresa (que se encuentra en una franca bancarrota) está demandando.
La mexicanización, por lo tanto, debe seguir adelante con mayor vigor, pero para que rinda los frutos máximos en bien de la economía nacional, deberán corregirse las fallas que hemos señalado. De otra manera, la mexicanización se convertirá en un expediente de los grupos oligárquicos para aumentar aún más su riqueza y poder, y para los inversionistas extranjeros que simulan la venta de sus empresas para derivar mayores ganancias con menores riesgos, o que encuentran en la mexicanización la tabla de salvación para resolver el problema de empresas en bancarrota, vendiéndole al gobierno su chatarra a precios de oro.♦