Es importante lo logrado hasta hoy en los ramos de la electricidad y los ferrocarriles, pero no es lo suficiente: debe continuarse con el transporte urbano y especialmente con el servicio aéreo que tienen una enorme importancia económica y de otros órdenes; liquidar la Compañía Mexicana de Aviación sería lo indicado para dar a Aeronaves toda la importancia que debe tener por derecho propio y por conveniencia de nuestro país.
Al gran acierto de mexicanizar la industria de generación de energía eléctrica, llevada a cabo por el gobierno del licenciado López Mateos, se ha venido a añadir otro de importancia también grande, con la integración de 19 empresas eléctricas y la Comisión Federal de Electricidad, que acaba de ordenar el presidente Díaz Ordaz.
Aplaudimos sin reservas esta decisión del gobierno, porque consideramos que tratándose de un servicio público tan importante, es indispensable que se unifique el servicio, para reducir costos, mantener las tarifas a niveles razonables y mejorar el servicio en todos los órdenes. Una vez encauzada la industria eléctrica por los caminos de la eficiencia técnica y administrativa, se deberá dar el siguiente paso, que será la incorporación de la compañía Eléctrica del Centro (antigua Mexican Light), con lo que quedará unificado todo el servicio eléctrico del país, que es la estructuración más conveniente y sana de un servicio que es vital para el desarrollo del país.
Los teléfonos ¿en turno?
Uno de los servicios públicos a que debe extenderse esta política es el servicio telefónico. Ya se han dado pasos importantes en esta dirección, como la unificación del servicio y la adquisición de la mayoría de las acciones de las dos antiguas empresas extranjeras, por parte de inversionistas privados, en asociación con nuestro gobierno. Sin embargo, lo realizado hasta ahora no basta, como lo demuestra la existencia de importantes problemas que no se han resuelto y de otros que han surgido en ese servicio público tan esencial en la vida moderna.
Con la mexicanización de los teléfonos, un pequeño grupo de inversionistas privados logró quedarse con el control de la nueva empresa que se creó para manejar el servicio, y esto, a pesar de las importantes aportaciones pecuniarias hechas por el gobierno. Dicho pequeño grupo ha estado manejando la empresa esencialmente para su propio provecho, derivando utilidades fabulosas gracias a concesiones especiales logradas del gobierno y a una situación de verdadera manga ancha en que se les ha dejado operar.
En primer lugar, caso insólito en nuestro país, recibieron la autorización de exigir de parte de los usuarios la compra de 2,000 pesos de acciones y bonos de la empresa, como condición para darles el servicio. Esta medida, desde luego arbitraria, se quiso justificar con el argumento de que en un país como el nuestro en que los capitales son escasos, era necesario forzar la capitalización, especialmente para los servicios públicos con la cooperación del público, además de que en esa forma se convertiría a los usuarios en socios o acreedores de la empresa telefónica. En realidad, esta concesión sólo ha sido un medio para que el pequeño grupo que controla la empresa obtenga utilidades inconcebiblemente elevadas, con la re-compra de las acciones y bonos a precios de atraco. Como en general el usuario no tiene recursos excedentes o no desea ser un inversionista obligado, lo que hace es vender los valores que le obligan a adquirir, al precio que le paguen, que el pequeño grupo ha fijado en alrededor del 70% del valor que el usuario ha pagado. De esta suerte, en una operación prácticamente simultánea, se despoja a cada usuario de 600 pesos, que no ingresan a Teléfonos de México, sino al banco controlado por el pequeño grupo.
En segundo lugar, el pequeño grupo sobrecarga el importe del servicio mediante el cobro de llamadas adicionales al límite fijado, siendo la empresa la que en forma unilateral determina el número de esas llamadas excedentes. La mayoría de los usuarios estamos convencidos de que se nos cobra mucho más de lo que en justicia deberíamos pagar.
Y todo esto no tiene como contrapartida la mejoría del servicio, ni en lo que hace a la eficiencia en los aparatos instalados, ni en lo que se refiere a la instalación del número de nuevos aparatos que requiere el país. Hay una notoria escasez de aparatos en toda la República.
Es urgente, por lo tanto, que se ponga coto a esta situación, para defender al público de un pequeño grupo de apetito insaciable y darle a la nación el tipo de servicio que el desarrollo de los negocios y la necesidad de comunicación de sus habitantes requiere. Se impone, pues, la conveniencia de que el gobierno controle directamente el servicio telefónico, lo que puede realizarse sin mayor dificultad, por tratarse de un servicio público y por la fuerte inversión que el gobierno tiene ya en Teléfonos de México.
Al igual que el servicio telefónico, el gobierno debe controlar y proceder a una integración racional del servicio de transporte aéreo. La existencia de varias empresas privadas impide la verdadera planeación de tan importante servicio, máxime que una de las grandes empresas, la Compañía Mexicana de Aviación, además de estar controlada, de hecho por una poderosa empresa competidora extranjera, la Pan-American World Airways, se encuentra en condiciones desastrosas, que le impiden dar un servicio eficiente y seguro.
El control gubernamental del negocio aéreo y su unificación racional, por medio de una sola empresa, presenta algunas alternativas que conviene analizar. Una de ellas consiste en la fusión de Aeronaves de México (propiedad el gobierno) y la Compañía Mexicana de Aviación. Esta alternativa presenta serios inconvenientes. Aunque permitiría la unificación del servicio y la planeación racional de las rutas nacionales y las internacionales, tendría como resultado la formación de una empresa supercapitalizada, agobiada desde su nacimiento con pesadas cargas de obligaciones y de pasivos, que en lugar de significar una solución al problema, resultaría contraproducente, porque comprometería la marcha ascendente de la empresa nacional, Aeronaves, que ahora opera sobre bases cada vez más sanas. La fusión, por lo tanto, sería un retroceso, porque de una empresa buena fusionada a otra en bancarrota, resultaría una nueva en situación muy precaria desde su nacimiento. Claro, la fusión sería un negocio redondo para los actuales accionistas de la Compañía Mexicana de Aviación (nacionales y extranjeros) porque resolverían el problema de sus enormes pérdidas, que en los últimos dos años y medio se elevan a 80 millones de pesos. Aportarían activos fuertemente inflados, pasivos enormes, y quedarían protegidos bajo la sombrilla, de frondosa sombra, de papá gobierno.
Otra alternativa consistiría en que el gobierno se echara a cuestas la responsabilidad de sacar a flote a la Compañía Mexicana de Aviación, para sanear su difícil situación financiera, mediante el otorgamiento de algún subsidio substancial. Esta es una de las menos aconsejables alternativas. No solamente no se lograría la integración del servicio aéreo, ni su transferencia al control gubernamental, sino tampoco su verdadera mexicanización, ya que la CMA, como dijimos está dominada por la Pan- American. Además, no habría justificación para que el gobierno otorgara un subsidio a una empresa de capital extranjero, cuando no se le otorga a la propia empresa nacional, es decir, a Aeronaves. Y de toda probabilidad, una vez otorgado el subsidio, se haría permanente y tendría que aumentarse cada año porque la CMA no puede ponerse a flote con una ayuda temporal, que el mal que la aqueja sólo puede curarse con el cambio radical en su manejo y en las bases de su operación.
Una tercera alternativa consistiría en proceder a la liquidación de la CMA, dadas sus malas condiciones financieras y su mal servicio. Esto se justificaría con base a las leyes correspondientes. Hasta ahora la CMA se ha defendido con la revaluación de sus activos (de las que ya lleva tres, y se anuncia una más). Pero la revaluación de activos tiene sus límites, y ya se han rebasado con creces. Sin embargo, esta alternativa podría tener algunos inconvenientes tratándose de accionistas extranjeros y de la posición destacada de algunos de los accionistas mexicanos.
La alternativa que parece más conveniente es la de que el gobierno adquiera, a su justo precio, los activos de la CMA (incluyendo el derecho de rutas) sin hacerse cargo de los enormes pasivos que gravitan sobre ella por concepto de deudas por la compra de equipo de vuelo y por responsabilidades laborales. Esta sería una operación justa, que sería de positiva ayuda a los actuales accionistas, aunque claro, no les llenaría las manos de oro.
Con la adquisición de los activos de la CMA y las rutas de que dispone, el gobierno fortalecería a Aeronaves, y con ello podría dar al negocio de transporte aéreo una estructura correcta, asegurando la verdadera mexicanización del servicio, y revertiendo a la nación el dominio del espacio aéreo. Sólo en estas condiciones podremos disponer de un buen servicio de transporte aéreo, podemos derivar los recursos que puede aportar este servicio y estaremos en condiciones de hacer frente a la fuerte competencia de las empresas de aviación extranjeras. No hay otro camino. ¿Se seguirá?♦