- La situación del campo es verdaderamente alarmante: tres millones y medio de campesinos se han convertido en peones, con salarios inferiores al salario mínimo, y con serias dificultades para obtener empleo.
- Los banqueros manejan el dinero de la sociedad para sus propios fines particulares de enriquecimiento. Por ello no dan crédito amplio y buenas condiciones a las actividades agropecuarias.
- Debe ponerse bajo control el uso del crédito privado para beneficio general del país, pero el gobierno debe igualmente fortalecer vigorosamente el sistema de banca nacional, con más recursos, administraciones eficientes y la debida coordinación.
- La meta, sin embargo, debe ser la de la nacionalización de la banca para que el crédito se destine a las actividades que dicte el interés general del país.
“Los banqueros deben saber que la paciencia del campesino tiene un límite”… afirmó enfáticamente el profesor Juan Gil Preciado, secretario de Agricultura y Ganadería, en la sesión inaugural de la Asamblea General Extraordinaria de la Confederación Nacional Ganadera. Y acto continuo declaró que “…posiblemente el gobierno se verá un día en la necesidad de intervenir con disposiciones legales para canalizar los recursos de la banca privada al beneficio de los grandes núcleos rurales”. ¿Al fin el gobierno se está decidiendo a obligar a los barones del dinero a que efectivamente utilicen los recursos monetarios que la sociedad les ha encomendado, para beneficio del país y no solamente para incrementar sus riquezas particulares y su poder? ¿Estamos en presencia de un cambio de política, que hasta ahora ha sido de verdadero privilegio hacia los sectores oligárquicos?
En el problema del campo ya hemos llegado a un punto en que los discursos y las promesas no bastan. La realidad en que vive el campesino es tan aflictiva, que impone la necesidad de un ataque a fondo a los factores responsables de esa situación. La política hasta ahora seguida, si bien ha sido en muchos casos de gran utilidad, está muy lejos de resolver el problema campesino en sus raíces. Y la tibieza con que se ha procedido hasta ahora está dando lugar a un notorio agravamiento de la situación de millones de familias que dependen de las actividades agropecuarias para su sustento. Es evidente que los llamados a la cooperación, tanto a banqueros, como a comerciantes, para que contribuyan realmente a convertir a la agricultura y a la ganadería en actividades florecientes que sean base de condiciones de vida siquiera humanas para los campesinos, no tienen el menor resultado. Como lo afirma el mismo señor secretario de Agricultura… “lo único que han dado por resultado es una buena disposición, pero solamente de palabra”
Los testimonios de indiscutible veracidad sobre la mala situación que priva en las actividades agropecuarias y muy particularmente en las amplias masas campesinas, son cada vez más numerosos y se originan en las fuentes más diversas. A los que en forma sistemática se han presentado por algunos líderes responsables, por periodistas y articulistas objetivos, se han venido a sumar, en fechas recientes, una larga serie de otros muchos estudios emanados de esferas oficiales, y de técnicos de diversa índole ligados a las organizaciones campesinas.
Por su dramatismo, cabe citar la aportación presentada ante el congreso extraordinario de la CNC del pasado mes de agosto, por el destacado sociólogo Rodolfo Stavenhagen. Según los datos proporcionados por Stavenhagen, existen en el país alrededor de tres millones y medio de jornaleros agrícolas, que no poseyendo tierra propia que cultivar o teniendo el carácter de minifundistas, se contratan como peones para poder subsistir. Esto significa que más de la mitad de la población dedicada a la agricultura tiene el carácter de jornalero. Este hecho, por sí solo, nos da idea de la lentitud e insuficiencia de la Reforma Agraria.
Pero, cuando el distinguido profesionista aporta los datos sobre los ingresos de estos jornaleros agrícolas, obtenidos mediante una reciente encuesta (investigación directa, en el propio campo) el panorama que se nos presenta es realmente alarmante. Así, por ejemplo, en El Bajío, el jornalero agrícola recibe salarios de $11.20 centavos, no obstante que el salario mínimo en la región es de $13.50. En La Laguna, el salario recibido es de $12.74 en promedio, con un salario mínimo de $14.00; y en algunas regiones de Guerrero se pagan salarios de 3 y 5 pesos.
Los datos arrojados por esta encuesta han sido corroborados por la investigación que realizó el Banco de México, y que también cita Stavenhagen. Según ella, el 76% de las familias de jornaleros agrícolas tienen ingresos mensuales por persona, de $59.00 en promedio, y, de ellos, la tercera parte, apenas alcanza ingresos de $43.00 por persona, en promedio.
A todo esto se agrega el hecho de que los jornaleros no encuentran trabajo seguro durante todo el año, sino que muchos tienen que emigrar de una zona a otra, de acuerdo con las épocas de los trabajos agrícolas. Tomando en consideración este hecho, encontramos que los ingresos reales de los peones del campo son mucho menores a los que señalamos en líneas anteriores. Apenas podemos imaginar la aflictiva situación de estos tres millones y medio de trabajadores y de sus familias.
La situación general del campo tiende a agravarse, porque la actividad agropecuaria está creciendo muy lentamente. En 1966 apenas si alcanzó un ritmo del 3%, lo que es inferior al ritmo de crecimiento de la población del país. De continuar esta situación, se presentarán muy graves problemas para el desarrollo nacional y para la estabilidad política del país.
Seguramente que estas realidades explican la actitud del señor secretario de Agricultura frente a los banqueros. Y aunque el problema del campo es muy complejo y obedece a una variedad de causas, ciertamente que el crédito constituye uno de los factores más importantes. En este sentido, los banqueros tienen una seria responsabilidad, ya que a pesar de las reiteradas declaraciones de creciente colaboración al financiamiento de las actividades agropecuarias, la verdad es que solamente otorgan financiamientos sobre bases amarradas, sin correr riesgo alguno. Por eso, el financiamiento total concedido por la banca privada a esta rama de la economía nacional es notoriamente reducido.
Las cifras oficiales revelan que en 1966 las actividades agropecuarias recibieron créditos por valor de 12 mil millones de pesos. De este total, la banca privada otorgó solamente 3,860 millones, es decir, apenas el 32%. El gobierno en cambio, apoyó a la agricultura con 8,139 millones de pesos, o sea, más de dos terceras partes del total.
Además, los créditos otorgados por la banca privada se dirigen a las cosechas de exportación o a las más lucrativas de consumo doméstico. Con frecuencia, aún en estas operaciones, disfrutan de apoyo oficial en forma de avales, redescuentos, etc.
¿Verdad que tiene sobrada razón el señor secretario de Agricultura al afirmar que nadie (como lo banqueros) tiene mayores privilegios y garantías? ¿Y verdad que tendría plena justificación la adopción de medidas enérgicas para obligar a esos poderosos personajes a que se conduzcan con apego a las exigencias del desarrollo del país? No cabe la menor duda de que si se decide, el gobierno puede obligar a los banqueros a adoptar las normas de conducta que demanda el interés general de la nación. Las armas de que dispone para ello son numerosas y, si se manejan bien, pueden lograr su propósito plenamente. Pero ¿qué tipo de medidas podrían operar el milagro de hacer que los banqueros pospusieran su desmedido apetito de altas ganancias para ayudar al agricultor y al ganadero, corriendo los riesgos correspondientes? Parece ser que no existen medidas de esta naturaleza, porque la razón de ser de los banqueros, capitalistas monopolistas típicos, es precisamente obtener las utilidades máximas. La situación que prevalece en estos momentos en el crédito de la banca privada al campo es la demostración más clara de que los llamados a la cooperación y al sentido humanitario y al interés general de la nación, no producen resultados si no coinciden con altas utilidades para los banqueros.
¿Quiere decir esto que no deben hacerse esfuerzos por lograr la canalización de mayores recursos financieros privados hacia la agricultura y la ganadería? Desde luego que no. Algo se logrará, sin duda, controlando con más energía a la banca privada. Pero, de ninguna manera puede avanzarse mucho por este camino en la solución del problema crediticio de estas importantes actividades. El gobierno tiene que utilizar medios más eficaces, que por lo demás, están a su alcance si se decide a usarlos. De dichos medios, el más inmediato y de menos problemas para ser utilizado, es el del fortalecimiento del sistema de la banca gubernamental, apoyándola con recursos substancialmente superiores a los actuales, transformándolas en instituciones eficientes y asegurando la debida coordinación y apoyo mutuo para que formen un verdadero sistema nacional de crédito al servicio del país.
Podría presentarse la objeción de que el gobierno no tiene suficiente dinero para hacer este esfuerzo. Pero ese argumento es falaz, porque un buen sistema impositivo podría proporcionar amplios recursos y, en último caso, hasta podría recurrirse a la emisión de más dinero, lo que no tendría efectos inflacionarios porque se destinaría directamente a elevar la producción agropecuaria e industrial en general. Tampoco sería válido el argumento de que el gobierno es un mal administrador. Ahí están los casos de Nacional Financiera, del Banco Nacional de Comercio Exterior, del Banco de México, de Altos Hornos de México, Petróleos Mexicanos, de las compañías de luz, y otras más, que no solamente no reportan pérdidas, sino que obtienen utilidades importantes, a pesar de que casi todas ellas se manejan con un marcado propósito social.
Una banca gubernamental eficiente y con recursos amplios, sería un instrumento muy eficaz para obligar a los banqueros privados a conformarse con utilidades razonables y orientar sus actividades de acuerdo con la política establecida por el gobierno. Si esto no fuera suficiente, existe el recurso de la nacionalización de la banca, único medio seguro de poner el dinero y el crédito al servicio del país.
¿Se decidirá el gobierno a penetrar en los santuarios del dinero y suprimir los privilegios de que disfrutan los banqueros? O ¿podrán más los intereses particulares de los barones del dinero que los de millones de campesinos y los intereses generales del país? Ojalá y que la explosión del señor secretario de Agricultura no sea solamente una explosión de salva.♦