¿Es que nos hemos desarrollado con armonía de clases? ¿Dará resultado el llamado a la generosidad de los banqueros para ayudar a los campesinos? ¿Se habrán modernizado ya nuestros capitalistas al grado de que no se guíen por el apetito de utilidades máximas sino por el bienestar del pueblo necesitado?
Actualmente se está imponiendo como tónica de la política gubernamental el hacer llamados a los grupos de la iniciativa privada (léase oligarquía) para que comprendan la necesidad que tiene el país de impulsar el desarrollo, lo que exige que ellos, que controlan la economía nacional, contribuyan con sus recursos al logro de ese objetivo aún si para ello es necesario posponer sus ambiciones de obtener altas utilidades. En especial se les hace el llamado para que ayuden a los campesinos, que son el sector menos afortunado del país.
Hace apenas unas semanas, un miembro del gabinete exhortó a los comerciantes organizados a que prestaran toda su ayuda al impulso de las actividades agropecuarias que se han quedado tan rezagadas, que prácticamente se encuentran estancadas. Desde luego que los comerciantes, a través de sus representantes más conspicuos, manifestaron su entusiasmo por el llamado gubernamental y ofrecieron otorgar toda su ayuda a los campesinos para que incrementaran al producción agrícola. También ofrecieron colaborar estrechamente con el gobierno para evitar la especulación con los artículos de primera necesidad y mantener los precios a los más bajos niveles posibles.
Para quien haya vivido de cerca los problemas del campo o que se haya preocupado por estudiarlos e informarse sobre la forma en que viven y trabajan nuestros campesinos, el llamado a la buena voluntad de los comerciantes para que los ayuden, no solamente no tiene sentido práctico, sino que resulta inconveniente, ya que han sido los comerciantes precisamente quienes han mantenido al campesinado en las condiciones lamentables en que se encuentra. La “ayuda” que los comerciantes han otorgado a los agricultores ha consistido en créditos atados, con la entrega obligatoria de la cosecha a precios injustos, créditos que por lo demás, ni siquiera han sido en dinero efectivo, sino en mercancías y a precios elevados. El llamado gubernamental significa algo así como dar vía libre a los comerciantes para que exploten a más campesinos. ¿No sería más conveniente, y desde luego más apegado al contenido popular de la Revolución Mexicana, proteger al campesino de la explotación de que es víctima?
De un corte parecido es el ofrecimiento de los dirigentes del comercio organizado de colaborar para evitar la elevación de precios. ¿Qué colaboración puede esperarse de parte de los grandes comerciantes para mantener precios bajos, si son ellos los primeros en aprovechar la menor coyuntura para aumentar los precios y derivar de ello utilidades exageradas? ¿No son los comerciantes los que deprimen al máximo los ingresos de los verdaderos productores al pagarles precios injustos al mismo tiempo que elevan los precios que tiene que pagar el consumidor final? Es bien sabido que los comerciantes hacen subir al doble aproximadamente los precios de los productos que distribuyen, especialmente los de primera necesidad y los bienes de consumo duradero. ¿Podrían estar interesados los comerciantes en evitar los aumentos en los precios, si precisamente con precios elevados logran obtener mayores utilidades? ¿No se requiere aquí también que se proteja al consumidor, al igual que al productor contra la explotación de parte de los comerciantes?
Otro llamado que ha recibido gran divulgación en la prensa nacional es el que hizo el presidente Díaz Ordaz a los ganaderos de Chihuahua para que ayuden a los ejidatarios a impulsar sus actividades pecuarias. Siendo, como son, esencialmente comerciantes en ganado, los ganaderos de Chihuahua y de otros estados del Norte del país sólo se interesarán en ampliar sus actividades sobre la base en que han estado operando hasta ahora, es decir, comprando a los ejidatarios y pequeños productores sus becerros al tiempo y a bajo precio para luego revenderlos con buenas utilidades a los granjeros del Sur de los Estados Unidos. ¿Puede esperarse que de esta manera se desarrolle la actividad pecuaria y se mejoren las condiciones de vida de los ejidatarios y pequeños productores? Podría decirse que no necesitan “ayudar” los ganaderos a los campesinos, tan sólo que no los exploten.
Sin restar importancia a los casos que acabamos de presentar, debemos referirnos con especial atención al llamado que reiteradamente hace el gobierno a los banqueros para que canalicen los enormes recursos que manejan hacia las actividades productivas, dando una mayor importancia entre otros, al crédito agropecuario que hasta ahora ha sido desatendido en alto grado por ellos. En lo fundamental esos llamados se han perdido en el horizonte, aunque abundan las declaraciones de los más destacados representantes de la banca en el sentido de llegar hasta el sacrificio para contribuir al desarrollo del país.
La banca, como parte destacada de la oligarquía, está interesada fundamentalmente en elevar al máximo sus utilidades. Irá a donde haya lucro, con el menor riesgo posible. Y se abstendrá de “ayudar”, cuando las perspectivas de utilidad sean inciertas y muchos los riesgos. Dentro de ese marco se han movido siempre, ¿Qué sentido tienen, pues, los llamados a la colaboración en nombre de móviles tan distintos al de lograr el lucro máximo?
¿Por qué razón se empeña el gobierno en una política de hacer llamados a la buena voluntad de los detentadores de la riqueza? ¿Qué confía en que la oligarquía ya ha renunciado al móvil de lucro y rige su conducta más bien por principios de ayuda mutua, de generosidad y de deseo de construir grandes obras para beneficio del pueblo? ¿O qué se considera que a pesar de los profundos contrastes de riqueza existe en México la armonía de clases? Francamente creemos que los altos funcionarios del gobierno no pueden tener estas ideas; porque conocen muy bien la realidad del país y saben perfectamente bien que la oligarquía aumenta cada vez más su apetito por mayores utilidades, y que por otra parte, existen grandes conflictos de intereses de clase que son irreconciliables. ¿Por qué entonces se está siguiendo una política tan deleznable y tan irreal de descansar en la buena voluntad de los poderosos para que ayuden a los sectores económicamente débiles del país?
La política del llamado a la buena voluntad de la oligarquía tiene, desgraciadamente, una razón muy importante: el debilitamiento del contenido popular y de avanzada, de la Revolución Mexicana, frente al fortalecimiento, en grado de peligrosidad, del poder de la oligarquía.
El gobierno está mostrando una gran debilidad en sus actitudes frente a los grandes banqueros, industriales y comerciantes, especialmente ante los primeros que son a la vez grandes inversionistas en todas las actividades económicas. Esta debilidad tiene variadas manifestaciones, que se van ampliando y acentuando. Valgan como ejemplo las siguientes:
Ya no sólo acude el secretario de Hacienda a informar a los banqueros en sus asambleas anuales, sobre la política seguida y a seguir, así como sobre la situación económica del país (cosa que hasta ahora no hemos visto que se haga ante el Congreso) sino que en una simple reunión anual de un banco desfila casi medio gabinete y es bombardeado con preguntas que equivalen a un verdadero enjuiciamiento de la política gubernamental en materia económica. Por contraste, no sucede nada parecido en las asambleas de las organizaciones obreras o campesinas, ¿o qué los trabajadores no son factores de la producción y no contribuyen al progreso del país?
En lugar de fortalecer al máximo grado la banca nacional y para que resuelva en forma creciente las necesidades del financiamiento de la producción, tanto agropecuaria como industrial, el gobierno pierde terreno frente al empuje casi incontenible de la banca privada y hace todo lo posible por crearle condiciones cada vez más favorables para que aumente su poder.
No decidiéndose a poner en vigor una reforma fiscal a fondo que permita aumentar substancialmente los ingresos gravando de manera más justa a los contribuyentes y evitando la pavorosa evasión fiscal, el gobierno va perdiendo terreno también en el ramo de inversiones frente al sector privado, que amplía su participación y el control de la economía.
En lugar de fortalecer a las organizaciones obreras y campesinas, que serían los pilares más sólidos de la Revolución Mexicana en su sentido popular, propiciando el ejercicio democrático en la selección de sus dirigentes y en su manejo interior, así como aplicando una política salarial más justa, lo que en realidad hace es apoyar cada vez más a las organizaciones empresariales y ceder terreno frente a ellas en el control de la economía nacional.
El desarrollo económico nacional independiente y para beneficio de las mayorías exige una política más vigorosa y firme en favor de los sectores obrero y campesino, lo que significa necesariamente una lucha a fondo contra el creciente poder de la oligarquía. Desgraciadamente no vivimos en un mundo de ayuda mutua y de armonía de clases, sino en uno en que existen conflictos irreconciliables entre los que poseen la riqueza y la utilizan para explotar al pueblo y quienes forman las mayorías de trabajadores del campo y de la ciudad. La teoría de la armonía de clases no sólo es irreal, sino que favorece a los poderosos porque tiende a desorientar al pueblo y crearle ilusiones. Mientras subsistan los grandes contrastes de fortunas y un sistema de que unos trabajan y obtienen poco y otros “ayudan” con su capital y se quedan con casi todo el pastel, no podrá hablarse de armonía de clases y no tendrán sentido los llamados a la cooperación y buena voluntad de los oligarcas.♦