Al reducir un 6% al precio de sus vehículos, frenó el alza que pretendían imponer las empresas extranjeras: su éxito constituye un ejemplo de la bondad de las empresas públicas y un prestigio para México.
Aunque parezca increíble, no habrá aumentos de precios para los coches en 1968. El “milagro” se debe a la atingencia con que se está manejando Diesel Nacional, que superadas sus grandes dificultades iniciales, comienza a cumplir satisfactoriamente con las importantes funciones que tiene como empresa del Estado.
Con frecuencia se combate al Estado cuando participa como empresario en el manejo de negocios, sobre todo de tipo industrial, argumentando que las empresas del Estado son esencialmente ineficientes, porque son manejadas por políticos impreparados, que “sirven igual para un barrido que para un regado”, faltos de responsabilidad y prestos a sobrecargar a las empresas con personal innecesario y con gastos dispendiosos. Se aduce como “prueba” las reducidas utilidades que en general obtienen o las pérdidas que algunas de ellas arrojan sistemáticamente.
No obstante que no pocas empresas estatales dejan mucho que desear, no solamente porque no son eficientes, sino porque no cumplen con el cometido de interés social que tienen encomendado, existen muchas otras que son ejemplo de una eficiente organización y funcionamiento, y que, además, contribuyen con su acción a hacer realidad importantes finalidades de política económica en bien del desarrollo económico independiente del país. Una de ellas es, sin duda, Diesel Nacional.
De todos es conocida la situación que priva en la industria automotriz, actividad de primera importancia en la estructura industrial del país. Existen 9 empresas productoras de automóviles, de las cuales las más importantes son subsidiarias de grandes compañías de los Estados Unidos, de Europa o del Japón. Solamente cuatro tienen participación de capital mexicano: Fábricas Automex (Chrysler), VAMSA (Rambler), Borgward y Diesel Nacional (Renault).
La preponderancia de empresas extranjeras en esta importante actividad industrial y el crecido número de ellas, ha dado por resultado una serie de problemas para el país, entre los cuales se destaca el alto precio de los vehículos en el mercado nacional. Por más que el gobierno, con mayor o menor decisión, intentaba evitar la elevación de precios, las grandes empresas lograban a la postre imponer aumentos año con año. El reducido mercado, la pluralidad de empresas y más recientemente, la política de fabricación en México de cuando menos el 60% del valor de los vehículos, servían de argumentos para aumentar los precios. Las autoridades eran prácticamente impotentes para evitar esas constantes elevaciones de precios porque a la gran fuerza económica de las empresas extranjeras se agregaba la falta de bases objetivas y sólidas para demostrar la improcedencia de dichos aumentos.
La única empresa que manejaba el gobierno en el ramo de automóviles, Diesel Nacional, se encontraba en condiciones financieras deplorables por los vicios que le dieron origen —que no eran responsabilidad inicial del gobierno sino del grupo de inversionistas privados que la estableció— por lo que no podía ser utilizada para una política de fijación de precios razonables para el consumidor nacional. En tales condiciones, más que servir de instrumento para una política de esa naturaleza, Diesel Nacional era una pesada carga para el Estado, porque reportaba pérdidas cuantiosas año tras año.
La situación cambió radicalmente cuando el gobierno se interesó de veras en sacar a flote a Diesel Nacional y utilizarla como base de una sana política de desarrollo de la industria automotriz, que a la vez que contribuyera a la producción de vehículos de buena calidad y ajustados a las necesidades nacionales, no constituyera un gravoso lastre para el público consumidor. Apoyo financiero adecuado y una administración capaz y honesta, fueron la clave del vigoroso desarrollo que la empresa ha registrado en los últimos años.
El éxito alcanzado por Diesel Nacional puede apreciarse no solamente por haber dejado de operar con números rojos (pérdidas), sino por estar en condiciones de cumplir con la importantísima función de servir de metro o patrón para establecer normas de operación de toda la rama de la industria automotriz. Así, ha sido la primera en cumplir con la disposición de fabricar en el país cuando menos el 60% del valor de los vehículos, demostrando al resto de la industria que se puede cumplir y aun superar las metas de la mexicanización establecidas por el gobierno. Y ahora, ha dado un paso más, de trascendencia incuestionable, al reducir en cerca de un 6% el precio de los vehículos que produce. Ya no habrá razones válidas para que las empresas extranjeras eleven el precio de los automóviles. Diesel Nacional está demostrando que aún se pueden reducir.
Los beneficios de la acción de Diesel Nacional que van a recibir los compradores de automóviles son evidentes: los que se inclinen por la marca Renault podrán adquirirlos a menor precio y los que seleccionen otras marcas no tendrán que pagar un precio mayor que el modelo de 1967. He ahí lo que el gobierno puede lograr si se lo propone, manejando sus empresas con eficiencia y teniendo en cuenta los intereses generales del público.
Hacia la fusión de Diesel Nacional, VAMSA y Borgward
El camino está trazado. En el futuro el gobierno puede lograr éxitos mayores si afina su política y utiliza sus instrumentos. En esa dirección se impone, entre otras medidas, consolidar en una sola empresa a las dos compañías que controla. Se hace impostergable la fusión de Diesel Nacional y VAMSA, para disminuir costos y fijar precios razonables, no solamente en la nueva empresa sino es toda la industria automotriz del país.
Un paso más sería la incorporación de la Borgward, propiedad de inversionistas mexicanos, a las dos que controla el gobierno, con lo que constituiría una poderosa empresa nacional que estaría en condiciones no solamente de competir con las empresas extranjeras, sino crear un núcleo industrial sólido de incalculables beneficios para el desarrollo independiente del país.
La Constructora de Carros de Ferrocarril, otro éxito
“Las buenas y malas noticias vienen en racimos” según dice un proverbio muy conocido. Esto tiene plena vigencia en el núcleo de empresas de Irolo. A la reducción de precios de Diesel Nacional se ha venido a agregar un éxito de dimensiones internacionales de la Constructora de Carros de Ferrocarril, empresa también de propiedad gubernamental y bajo la dirección del Lic. Víctor Manuel Villaseñor.
La Constructora de Carros logró ganar un concurso para contribuir a la rehabilitación de los ferrocarriles de Colombia, frente a otros 12 países competidores, entre los que figuraban Alemania Occidental, Francia, la Unión, Soviética, Italia y Japón, entre los más destacados. La importancia de esta operación no se limita a una simple transacción en la que Constructora salió triunfante, sino que se amplía por las condiciones especiales en que se hizo. Contrariamente a lo que normalmente se hace, Constructora sólo proporcionará una parte de los carros de ferrocarril totalmente fabricados o ensamblados en México y una partida importante, 1,200 unidades, será fabricada conjuntamente por México y Colombia, y ensamblada en este último país con la asistencia técnica de Constructora. Además, se otorgan a Colombia facilidades de pago bastante razonables, ya que solamente el 5% de la operación se pagará al firmarse el contrato (que ya se hizo), el 10% al iniciarse la entrega del equipo y el 85% restante se cubrirá en 10 años, en pagos semestrales. La tasa de interés será del 6% sobre saldos insolutos que se computarán a partir de la fecha en que se entreguen las unidades.
Como se ve, los beneficios de las empresas del Estado, cuando se manejan bien, son incalculables. En el caso que nos ocupa rebasan las fronteras nacionales y se hacen llegar a países hermanos ayudándolos a resolver los problemas de su desarrollo económico.
Nos hemos ocupado de estos dos casos de empresas estatales porque consideramos que la opinión pública debe darse perfecta cuenta de los beneficios que se pueden lograr con el manejo de empresas con criterios de eficiencia y de servicio público. Ello es posible, como lo demuestran Diesel Nacional y Constructora de Carros, y sin que ello signifique incurrir en pérdidas. Al hacerlo, queremos también exhibir la falsedad de la campaña permanente que ciertos círculos del sector privado hacen en contra de las funciones del Estado como empresario. Tal campaña no tiene fundamentos válidos, y sólo tiene el propósito de desacreditar al sector estatal, para que la opinión pública pierda confianza en él y así el sector privado oligárquico pueda seguir teniendo el poder económico en sus manos y como consecuencia de ello, también el poder político.♦