Con ayuda del gobierno se fortalece la oligarquía
- Las reservas minerales nacionales deben ser explotadas directa y exclusivamente por el gobierno, principalmente tratándose de hierro, que es una de las industrias básicas del país
- El gobierno revolucionario debe hacerle frente a los dos grandes peligros que amenazan al progreso del país: el imperialismo norteamericano y el creciente poder de la oligarquía doméstica.
La Revolución Mexicana, concebida como un movimiento popular tendiente a lograr la independencia nacional y mejores niveles de vida para las mayorías del país, tiene frente a sí dos grandes peligros que la amenazan: el imperialismo norteamericano y la fuerza económica y política de la oligarquía doméstica. La acción de estos factores, que con frecuencia operan en estrecha colaboración, determina el camino zigzagueante y difícil que ha seguido el desarrollo económico del país en los últimos 50 años.
En determinados períodos, como lo fue el Gobierno del General Cárdenas, el empuje del movimiento revolucionario logra imponerse a esas fuerzas anti-democráticas y se produce un avance en el desarrollo económico con sentido popular; en otras, como es el caso de buena parte del largo período de la postguerra, el imperialismo y la oligarquía logran llevar adelante sus propósitos de dominio y de enriquecimiento a costa del pueblo, con lo que la Revolución sufre un estancamiento o un franco retroceso.
La lucha del imperialismo y de la oligarquía por lograr la hegemonía en los destinos del país, es permanente y echa mano de diversidad de instrumentos, económicos, políticos y hasta algunos no lícitos como el chantaje. Se presiona al Gobierno para impedir que siga un camino revolucionario; se halaga a la vez que se le hace frente con diversidad de recursos para sacarle ventajas en la forma de concesiones, créditos, exenciones, etc., etc. Y se llega hasta el chantaje para hacerlo modificar su ruta, como cuando se amenazo al Gobierno del Lic. López Mateos con retirar capitales, por sus declaraciones de ser “un Gobierno de extrema izquierda dentro de la Constitución”.
El caso de Peña Colorada.
El resultado de una de esas políticas de presión de la oligarquía doméstica ha dado origen a la formación de un Consorcio para explotar los yacimientos de hierro de Peña Colorada, que según la información oficial, permitirán una explotación de una 100 millones de toneladas de mineral al año.
Los yacimientos de hierro de Peña Colorada, en el Estado de Colima, forman parte de las “reservas nacionales”, es decir, son propiedad de la nación y no están concesionados a ningún particular. La idea de constituir “reservas nacionales” no es otra que la de defender la riqueza del país de la explotación irracional a que con frecuencia la sujetan las empresas privadas y sentar las bases de un desarrollo independiente por parte del propio Gobierno. La razón es justa y debe llevarse hasta sus últimas consecuencias.
Pero en el caso de Peña Colorada, en lugar de que el propio Gobierno a través de sus empresas emprenda la explotación del mineral de hierro que contiene, procedió a la formación de un Consorcio en el que da una fuerte participación a los grupos privados de la industria siderúrgica. El capital del Consorcio se integró de la siguiente manera: 50 millones de pesos, Altos Hornos de México (controlado por Nacional Financiera), Gobierno Federal, 5 millones de pesos, Hojalata y Lámina, 30 millones de pesos, Tamsa, 15 millones y Fundidora, 5 millones. En total el Gobierno Federal y Altos Hornos controlan 55 millones de pesos del capital y las empresas privadas 50 millones.
No obstante que el Gobierno tiene mayoría de acciones en el Consorcio (muy pequeña por cierto), se da una participación substancial a las empresas siderúrgicas privadas, casi del 50% del total. Llama la atención que el Gobierno haya procedido en esta forma a organizar la explotación de los yacimientos de Peña Colorada, por varias razones.
Por una parte, como ya lo indicamos, los yacimientos forman parte de las “reservas nacionales” y deberían ser explotadas directamente por el Gobierno en forma exclusiva. Por otra parte, se trata de un producto que es básico para la industrialización del país, como es el acero y por lo tanto, es de interés nacional que el Gobierno tenga una posición determinante en esa industria a efecto de que pueda marcar la pauta en materia de precios, que actualmente son demasiado elevados, lo que encarece la infinidad de productos en los que se utiliza, tales como automóviles, refrigeradores, lavadoras, y hasta cuchillos y cucharas. Finalmente, las inversiones requeridas, (50 millones de pesos) no están fuera de las posibilidades del Gobierno: la construcción de cualquier calzada en la Ciudad de México, cuesta muchísimo más y no tiene desde luego la importancia de la industria siderúrgica.
El caso es menos aceptable si tomamos en cuenta que la industria gubernamental de acero, representada por Altos Hornos de México y sus ramificaciones, tiene gran necesidad de integrarse y fortalecer su posición de gran empresa productora. En este sentido debemos indicar que Altos Hornos ha tenido que comprar importantes cantidades de mineral de hierro a las empresas privadas, además de tener que importa chatarra, también en cantidades considerables. Además Altos Hornos de México tiene una economía saneada y desde luego suficiente capacidad financiera para no necesitar de las aportaciones de las empresas privadas.
La política de mancomunar intereses gubernamentales con el sector privado oligárquico es a nuestro juicio, incorrecta. Y sobre todo tratándose de renglones básicos de la industria. En la industria del acero se ha dado participación importante a las empresas siderúrgicas privadas, como es el caso de Altos Hornos en que tiene intervención la Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey. Ésta participación es del todo innecesaria y perjudicial porque impide que las empresas del Gobierno cumplan sus importantes objetivos de interés general del desarrollo del país, al encontrarse mediatizadas por la presión desde el interior de ellas mismas, hacia otros objetivos, ajenos o contrarios a los que tienen encomendadas.
No sería difícil que ahora la nueva empresa, el Consorcio, descansara para el financiamiento de sus operaciones en el apoyo de Nacional Financiera, porque aunque también controlada por el Gobierno, tiene participación considerable de algunos sectores de la oligarquía, precisamente los ligados a la producción de acero.
Las Truchas, ¿en turno?
Existe otro filón de las “reservas nacionales” localizado en el Estado de Michoacán, que constituye una importante riqueza en minerales de hierro, el de Las Truchas. Ya se mueven los sectores oligárquicos para lograr una concesión más, al estilo de Peña Colorada. ¿Se repetirá la historia? Sería lamentable que así sucediera y significaría un verdadero retroceso en el desarrollo de una industria siderúrgica mexicana para el servicio general del país.
Esperemos que el Gobierno tome conciencia cabal de la trascendencia que tiene que en las actividades básicas no se consoliden grupos oligárquicos que utilizan su gran poder económico solamente para su propio beneficio. Y para evitarlo, el Gobierno debe fortalecer su posición como empresario, ampliando su participación en empresas bien estructuradas, manejadas con eficiencia y honestidad y con el objetivo claro y preciso de servir a los intereses generales de la nación.
Si no se sigue una política adecuada, la oligarquía aumentara su poder y será una amenaza constante a la realización de los más caros ideales de la Revolución Mexicana. La única forma de mantener el rumbo revolucionario es seguir una política que a la vez que defiende al país del dominio extranjero, limite y controle a la oligarquía que está ya amenazando el poder mismo del Estado.♦