El PAN considerado de derecha y defensor de los intereses de los banqueros se lanza en pro de una ley de control sobre las inversiones extranjeras.
- ¿Podremos esperar que el Congreso apruebe la tan necesaria y urgente Ley para defender al país de la ocupación económica norteamericana? ¿O será llamarada de petate, con propósitos solamente demagógicos?
- Una Ley de Control de Inversiones Extranjeras deberá establecer el Registro obligatorio, acciones nominativas y penas enérgicas para los prestanombres o inversionistas de paja.
- Para que sea eficaz, la Ley de Control de Inversiones Extranjeras deberá encajar en un Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social que establezca las actividades exclusivas a cargo del gobierno y las que pueden ser objeto de inversiones mixtas.
En la tormentosa sesión de la Cámara de Diputados del día 26 del presente mes de diciembre, el problema de la ocupación económica del país por parte de empresas extranjeras fue objeto de acaloradas discusiones. Lo insólito del caso fue que coincidieron, al menos formalmente, los diputados del PRI, del PPS y del PAN en el señalamiento de los peligros que representan para México el control de nuestras industrias por inversionistas del exterior, llegándose a plantear (por el diputado Carlos Sánchez Cárdenas, del PPS) la necesidad de elaborar y aprobar una Ley de Control de Inversiones Extranjeras.
Hace ya largo tiempo que las corrientes nacionalistas y progresistas del país han venido planteando la necesidad de que se adopte una política clara y firme respecto al problema más serio que afronte nuestro país, que es el de la amenaza de dominio económico por parte de capitales extranjeros. A medida que el problema se ha ido agudizando, nuevos sectores se han ido incorporando a esta posición entre los que se incluyen no solamente grupos populares, sino algunos industriales, comerciantes y hasta organizaciones de tipo patronal. La preocupación parece haber llegado ya hasta al Partido Acción Nacional, que como se sabe fue organizado por destacados personajes de las altas finanzas y por razón natural, veía al capital como necesario y útil para el desarrollo del país y por lo tanto era refractario a cualquier acción tendiente a someterlo a un riguroso control legal.
Parece ser, pues, que se han creado ya las condiciones para que el Congreso aborde en serio tan importante problema y proceda a la discusión de una Ley que establezca las normas legales a que deben sujetarse las inversiones extranjeras directas, con vistas a evitar que se adueñen de las más importantes actividades económicas del país y nos conviertan en un apéndice de los Estados Unidos.
En el México post-revolucionario, es verdad, se han logrado importantes avances en la defensa de nuestra independencia económica: La Constitución de 1917 sentó algunas bases fundamentales para un México independiente, que se han ido perfeccionando a través del tiempo, sobre todo en materia de petróleo y de energía eléctrica. También se han promulgado algunas disposiciones legales que establecen ciertos requisitos y limitaciones a los inversionistas extranjeros para operar en el país, tanto en materia de población, de seguros, asuntos fiscales, de comunicaciones y transportes y otros.
Con ayuda de todas estas disposiciones jurídicas se han conseguido importantes logros, cuando el gobierno se ha decidido a seguir una política nacionalista. Ahí están como ejemplos el petróleo, la electricidad, los ferrocarriles, los seguros, las instituciones bancarias, la industria del acero, la de fertilizantes, y otras más.
En no pocos casos también las autoridades han logrado importantes éxitos en la mexicanización de la inversión y de algunas empresas ya establecidas, “estirando" el contenido de las leyes vigentes y con medidas de tipo administrativo, cuando se han decidido a hacerlo. Así se han rescatado algunas importantes empresas de la industria del acero, del transporte aéreo, algunas del ramo minero y del azufre, de la industria automotriz, etc.
Sin embargo, lo hasta ahora hecho, con todo lo importante que es, no basta, porque el capital extranjero se está volcando materialmente hacia nuestro país, y su empuje parece incontenible. Gran número de nuevas empresas industriales y comerciales se han establecido con capitales extranjeros, y un número creciente de empresas que eran propiedad de inversionistas mexicanos o nacionalizados, han sido adquiridas por monopolios internacionales.
Con la excepción de las grandes empresas del gobierno y algunas pocas de inversionistas mexicanos, puede decirse que los capitales extranjeros dominan el sector industrial y el gran comercio, y cada vez constituyen una mayor amenaza en otras ramas económicas como en el servicio de hoteles, en los servicios de publicidad, en los servicios técnicos, en el comercio exterior, en el control de cosechas de algodón y oleaginosas, etc., etc.
Ante este problema tan serio, que está poniendo en peligro nuestra propia independencia económica, se necesita que se adopte una política de gran envergadura, de acción múltiple, para defender nuestra economía del dominio extranjero y asegurar un desarrollo acelerado e independiente. Esa política debe contener, entre sus puntos más importantes, los siguientes:
Debe ajustarse el desarrollo económico a un plan bien integrado, en el que el Estado tenga una participación creciente como inversionista y como empresario, y en el que se establezcan prioridades de inversión para asegurar el empleo más racional de los recursos físicos y financieros del país, haciendo descansar en los ahorros nacionales el propio desarrollo nacional.
De acuerdo con ese plan debe seguirse una política de rescate de aquellas actividades que se juzgue necesario y que ahora se encuentren en manos extranjeras.
Para las nuevas inversiones, debe establecerse las ramas en las que deben excluirse en absoluto y las que pueden recibir capitales extranjeros, pero siempre en forma minoritaria.
Debe aprobarse una Ley de Control de Inversiones Extranjeras, que establezca las normas precisas a que deben sujetarse dichas inversiones.
Como puede verse, consideramos que dada complejidad y relevancia del problema, una Ley de Control de Inversiones Extranjeras, para que sea eficaz, debe ser acompañado de una política general nacionalista y ajustarse a un Plan de Desarrollo Económico. Una Ley por sí sola, no puede resolver el problema, que como dice el proverbio “las leyes se hicieron para violarlas”.
Contenido de la Ley
Una Ley de Control de Inversiones Extranjeras debe reunir todas las disposiciones que ahora se encuentras dispersas, ampliándolas con una serie de nuevas disposiciones que vengan a completarla, para atacar algunos problemas importantes que las actuales dejan si solución. Entre estas últimas podemos incluir algunas que consideramos básicas y que son las siguientes.
Las acciones de las empresas en las que participen capitalistas extranjeros deben ser nominativas y no al portador, para evitar en lo posible que por medio de inversionistas de paja o de prestanombres los extranjeros adquieran el control de dichas empresas.
Deben establecerse severos castigos a los prestanombres que con su participación antipatriótica pongan en peligro la independencia nacional.
Debe establecerse un Registro de Inversiones Extranjeras, que sea obligatorio, y en el que se consignen los datos relevantes de la inversión extranjera.
Debe establecerse con precisión el tipo de negocios en los que se prohíba la participación de capitales extranjeros que contravengan las disposiciones de la Ley.
Con estas normas, más las que ya existen, podremos disponer de una base jurídica adecuada para resolver el problema que ahora representan las inversiones extranjeras. Nuestras autoridades tendrán, así, y dispondrán de un fundamento legal suficientemente apropiado para aplicar una política esencialmente nacionalista y para asegurar la independencia económica nacional.
Podrá decirse desde luego por ciertos círculos interesados de que una política de este tipo sería perjudicial para nuestro país, porque ahuyentaría a los capitales extranjeros. No lo creemos, en verdad, pero si esos capitales solamente buscan posiciones de dominio, bien está que se vayan. Primero están los intereses nacionales, que los de capitalistas que más que inversionistas son conquistadores. Y ya pasó el tiempo, creemos, en que los capitalistas extranjeros podían imponer sus condiciones. México ya ha adquirido suficiente madurez para manejar sus destinos como lo dictan los intereses del pueblo mexicano. ¿O hay quién lo dude?
Sólo queda esperar que el Congreso y el Gobierno en su conjunto se decidan a superar los obstáculos reales (y los ficticios que crean los enemigos del progreso nacional) que seguramente se interpondrán para apartarnos del camino correcto. Creemos que el interés nacional se impondrá.♦