¿De qué se trata? ¿de explotar o de ayudar? ¿volverá el porfirismo al campo? ¿o ganará la Revolución? Es hora de fijar posiciones y de precisar cuál es el rumbo que se pretende dar al problema agrario
Existen en México dos posiciones antitéticas respecto a lo que debe ser la orientación de la política económica gubernamental en relación al problema agrario. Una que considera que la solución consiste en fomentar la gran empresa agrícola capitalista, como la única que puede asegurar altos rendimientos. Según esta posición, el gobierno debe preocuparse por sanear el crédito agrícola, para lo cual el camino es el de suprimir el Banco Ejidal y el Agrícola y establecer nuevos instrumentos como el Banco Nacional Agropecuario, que operen con criterios estrictamente bancarios, como cualquier empresa capitalista que busca solamente la utilidad. Una institución como ésta, tendría, desde luego, que depurar clientela, eliminando a todos los malos sujetos de crédito, como condición para que los manantiales del dinero privado del país y del extranjero se desborden hacia la agricultura. La política recomendada es de cortar por lo sano, e incorporar de una vez la agricultura al proceso general de transformación capitalista de la economía nacional. Las desigualdades resultantes, las injusticias que se producirían en el proceso de desplazamiento y absorción de las formas no capitalistas (comunales, ejidales, cooperativas) no tienen importancia, porque la productividad de las grandes empresas agrícolas capitalistas se elevaría y con ello se beneficiaría al país. El campesino, pequeño agricultor o ejidatario, se convertirían en jornaleros, sin patrimonio, y quedarían a merced de la decisión del empresario para ganarse el pan. Todo esto no importa, es el precio del progreso y además es transitorio, porque a la larga la gran empresa agrícola capitalista nos llevará a la abundancia.
La otra posición, con base en las lecciones de la historia y de la propia experiencia actual, tiene un gran escepticismo respecto a las supuestas ventajas de la gran empresa tipo capitalista, sobre todo cuando se pone en la balanza el factor humano, de justicia social, de equidad en la distribución de los frutos del trabajo, de estabilidad económica y política, en suma, de “productividad privada”. Para esta posición la iniciativa privada llevó al “latifundismo” y a la opresión y miseria campesina bajo el porfirismo, y podría llevar a una situación semejante en el futuro. Considera esta corriente que un millón de mexicanos que murieron en la Revolución, es testimonio evidente de que el campesino anhela mejores condiciones de vida y no desea ser simple jornalero (o peón), sino propietario de la tierra para derivar de ella mejores frutos que le permitan vivir mejor. De acuerdo con esta posición si bien se acepta que los instrumentos actuales (Banco Ejidal y Banco Agrícola) adolecen de defectos y limitaciones, se arguye que la solución debe buscarse en la eliminación de las deficiencias para fortalecer precisamente a las formas revolucionarias de tenencia de la tierra: el ejido y de la verdadera pequeña propiedad. Se tiene confianza en que estas formas de la propiedad son adecuadas para obtener buenos resultados en materia de rendimientos y además aseguran la anhelada justicia social por medio de un reparto más equitativo de la riqueza y de los frutos del trabajo. Se considera que los fracasos del ejido y de la pequeña propiedad se han debido a la manifiesta hostilidad de los intereses que han empujado al país hacia el desarrollo capitalista en todas las actividades, incluyendo a la agricultura, hostilidad que en ocasiones se ha ejercido desde algunos sectores del propio gobierno, en el sentido de deformar, frenar y hasta tratar de suprimir al propio ejido en su contenido esencial. Lo que deberá hacerse, por lo tanto, es imprimir a la política gubernamental una orientación definitivamente a favor del ejido y de la auténtica pequeña propiedad, con vigorosas medidas de apoyo crediticio, técnico, organizativo, comercial, legal, etc. El Banco Nacional Agropecuario, según esto deberá proyectarse en esta dirección, si es que va a ser una institución revolucionaria y de apoyo al desarrollo con justicia social.
Estas dos posiciones están presentes en la base de la creación del Banco Nacional Agropecuario y tratarán de empujar a la nueva institución en la dirección correspondiente. La una es esencialmente de carácter capitalista, favorable a los grandes empresarios agrícolas, a los banqueros, comerciantes e industriales que desean que el sector agropecuario sirva más plenamente a sus intereses. Es la posición que pugna por lograr el desarrollo por la vía de las altas utilidades para el sector capitalista, al enriquecimiento de pequeños grupos a costa de los intereses de las grandes mayorías que se convierten en mano de obra barata al servicio de los magnates que tienen el poder económico. La otra posición es la revolucionaria: está interesada en el bienestar del campesino, considera que éste no debe ser un simple jornalero, que deambule en busca de trabajo, sino que debe poseer la tierra y tener medios para trabajarla bien, y ser el principal beneficiario de los resultados de su propio esfuerzo; sostiene que el fortalecimiento de la economía del campesino es condición básica para acelerar el desarrollo tanto agrícola como industrial, así como para lograr la necesaria estabilidad económica y política, porque no hay desarrollo continuado y acelerado si el grueso de la población se encuentra en la pobreza; considera, en fin, que las grandes desigualdades económicas además de irritantes e inmorales, no conducen al progreso sino a la intranquilidad, a la formación de grupos de privilegiados, de monopolistas que llegan a alcanzar el poder económico y político suficiente para mantener en constante amenaza a las libertades y al bienestar del pueblo.
¿Cuál de las dos posiciones logrará triunfar?
De acuerdo con el juego de las fuerzas actual, existen las mayores posibilidades de que la primera posición, la de los sectores del poder económico, logre prevalecer. Los factores más importantes que sirven de base a esta afirmación son los siguientes. En los últimos 25 años se ha operado un proceso de concentración de la riqueza en proporciones alarmantes, que ha dado una fuerza desproporcionada a ciertos grupos de grandes banqueros, industriales y comerciantes. Se ha constituido así un sector de fuerza casi incontrolable que domina cada vez con mayor rigor las actividades económicas del país y aumenta día a día su influencia sobre el gobierno, ejerciendo sobre él una vigorosa presión para obligarlo a orientar su política a favor de esos grupos. Dominado como tienen los campos de las finanzas, de la industria y del comercio necesitan ampliar su control sobre las actividades agropecuarias, que hasta ahora, en cierta medida, les ha estado limitado por instituciones revolucionarias como el ejido. Para lograrlo quieren sumar a su control instituciones del gobierno que les permitan manejar mayores recursos ajenos, con mínimos riesgos y utilidades óptimas. En este propósito consideran indispensable remover los escollos que hasta ahora han limitado la ampliación de su dominio. Habrá que liquidar a los Bancos Ejidal y Agrícola para convertirse ellos en intermediarios principales del crédito agrícola, manejando los recursos ajenos (del público y del gobierno, más los créditos que se logren del exterior) y utilizar estos recursos en las grandes empresas agrícolas capitalistas. También habrá que someter al ejido en forma más completa. Para todos estos objetivos el domino del Banco Nacional Agropecuario es un factor inestimable por la posición estratégica que va a tener en el sistema de crédito agrícola y por los importantes recursos que va a manejar, entre los que deberán considerarse los provenientes de la “Alianza para el Progreso”.
Frente a la manifiesta fuerza del sector oligárquico, los campesinos y los obreros se encuentran lamentablemente divididos y en la mayoría de los casos dirigidos por líderes que no representan los intereses realmente populares y revolucionarios. Esta debilidad, ha sido provocada en grado importante por las fuerzas contra-revolucionarias que han logrado desorganizar a los ejidatarios, confundirlos y desviarlos de sus objetivos revolucionarios; como lo han hecho también con el sector obrero y el popular. Y mucho de esto se ha realizado directamente desde el gobierno, a través de múltiples medios: destrucción del ejido colectivo; dominio gubernamental de las organizaciones campesinas y obreras a través de la influencia directa en el nombramiento de los directivos de las organizaciones campesinas, obreras y populares. La debilidad del sector popular permite a la oligarquía presionar más vigorosamente al gobierno y arrancarle concesiones.
La posición ventajosa que tiene actualmente la oligarquía frente a las fuerzas revolucionarias tiene expresión en una serie de medidas de política económica de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México, que le son francamente favorables. Basta mencionar la Ley del Impuesto sobre la Renta: la política crediticia y la política de inversiones que se dirige preponderantemente a caminos, electrificación, obras hidráulicas, etc., que no compiten con el sector privado sino que lo favorecen grandemente. Todas estas medidas de política económica han proporcionado grandes utilidades a los grupos oligárquicos, que han aumentado su riqueza y su poder.
Dentro del cuadro descrito, el haber ubicado al Banco Nacional Agropecuario en la estructura financiera de la Secretaría de Hacienda, desplazando el crédito agrícola a la Secretaría de Agricultura, da bases ya para esperar que dicha institución crediticia vaya a ser orientada con el mismo criterio que está normando la política general de esa dependencia: de buscar el desarrollo por la vía de dar toda clase de estímulos a los grandes inversionistas, para que por el atractivo de lograr altas utilidades se decidan a aumentar sus inversiones. Esta circunstancia, unida a la gran fuerza de los grupos oligárquicos nos lleva a abrigar serios temores respecto a que el Banco Nacional Agropecuario sea proyectado en ese sentido. No negamos la posibilidad de que en esta forma se podrán lograr algunos éxitos: primero, se podrán canalizar hacia la agricultura mayores recursos, incluyendo fondos provenientes de la “Alianza para el Progreso”; segundo, se podrán obtener aumentos en la producción, con base en las grandes explotaciones agrícolas capitalistas y en mayores créditos baratos y a mayores plazos; y tercero, se lograrán altas recuperaciones por la solvencia de la clientela, ahora integrada por excelentes sujetos de crédito.
Todo esto es posible, pero el precio de esos éxitos sería muy elevado. Se concentraría todavía más la riqueza y los ingresos; aumentaría la fuerza económica (y política) de la oligarquía; se convertiría a los campesinos en simples jornaleros, que competirían entre sí por obtener trabajo y que verían disminuir sus jornales; se retrocedería en términos de justicia social, se comprometería la estabilidad económica y la política, que no serían posibles con un campesinado sin patrimonio, con gran inseguridad económica y empobrecido.
Ante perspectiva tan desalentadoras se hace necesaria la acción conjunta de todos los revolucionarios del país enfocada a acelerar la industrialización para que se aumente la riqueza, se creen nuevas oportunidades de trabajo para la población excedente del campo y para que haya un buen mercado para la producción agrícola.
Este es el camino revolucionario y el único que puede permitir acelerar el desarrollo para beneficio de la mayoría de los mexicanos. Hacia allá habrá que empujar al Banco Nacional Agropecuario; sólo así se fortalecerá la Revolución y mejorará el bienestar y el progreso del país.♦