Con el pretexto de defender los intereses del pueblo buscan eliminar las empresas estatales y los organismos descentralizados como negocios públicos como negocios públicos para quedarse con ellos; Altos Hornos, Petróleos Mexicanos, Guanos y Fertilizantes y la Comisión Federal de Electricidad son los filones más codiciados por este grupo; la Conasupo es un molesto rival que hay que eliminar para dar así rienda suelta a la especulación los productos de primera necesidad; si las empresas redituables del Estado pasaron a control privado, los únicos beneficiados serían los trusts extranjeros y sus socios, la oligarquía mexicana, pero no el pueblo.
El presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Sr. Francisco Cano Escalante acaba de lanzar un violento ataque a los organismos descentralizados y empresas del Estado, porque según afirma operan con ineficiencia y gravitan onerosamente sobre el pueblo mexicano. El motivo inmediato del ataque del Sr. Cano Escalante fue la asignación en el presupuesto de egresos para 1969, de tina partida de 5,224 millones de pesos por concepto de subsidios y de aportaciones del gobierno federal para el conjunto de sus empresas y organismos descentralizados. Su argumento consiste en considerar que esos subsidios y aportaciones se deben al fracaso de la intervención del Estado empresario, y en señalar que las sumas aludidas afectarán en última instancia al pueblo en general.
No es la primera vez que un alto funcionario de las organizaciones empresariales se lanza contra la intervención directa del gobierno en las actividades económicas, antes al contrario, los grupos oligárquicos del país mantienen una campaña sistemática de censura y de desprestigio contra las empresas propiedad del Estado y contra los organismos descentralizados. El mismo Sr. Cano Escalante hace unas semanas criticó acremente a la Conasupo, considerando que es una empresa innecesaria e ineficaz, y que lejos de reportar verdaderos beneficios al público consumidor y a los productores lo que hace es entorpecer el libre juego de las fuerzas económicas y por ende, obstaculiza el proceso productivo y distributivo de los artículos de primera necesidad. Muchos otros representantes del sector privado frecuentemente hacen declaraciones similares, enfatizando las deficiencias, los abusos, las negligencias y las constantes pérdidas en que incurren algunas de las empresas y organismos del gobierno federal.
¿Cuáles son las verdaderas razones que impulsan a los magnates mexicanos a mantener esas campañas permanentes contra la acción empresarial del Estado? ¿Existe realmente la preocupación por los intereses populares? ¿Los mueve en verdad el deseo de que los recursos del país sean utilizados de manera racional y eficiente, para beneficio de la colectividad? ¿Los inspira en realidad el deseo de que desaparezca la corrupción, el nepotismo, la negligencia y el despilfarro? Si así fuera, no tendríamos sino unirnos a las críticas y presionar a las autoridades para que corrijan las deficiencias y mejoren por todos los medios posibles el funcionamiento de sus empresas y organismos.
Desafortunadamente no podemos creer en las buenas intenciones de los sectores oligárquicos. ¿Cuándo se han interesado realmente en el bien general? ¿Cuándo han pospuesto sus intereses concretos de obtener utilidades exageradas, para procurar el bien público? ¿Cuándo han desaprovechado la oportunidad de hacer buenos negocios, aún fomentando la corrupción, elevando los precios y dedicándose a actividades especulativas? Por otra parte, las lacras que señalan como características de las empresas del Estado ¿no son rasgos permanentes también del funcionamiento de sus propias empresas? ¿No despilfarran millones en costosas campañas publicitarias que a la postre las paga el consumidor? ¿No acumulan fortunas de manera desenfrenada? ¿No colocan en puestos relevantes a sus familiares y amigos, sin importar su verdadera calificación para ellos? ¿No explotan al máximo a sus trabajadores y al público consumidor?
En verdad, las finalidades que persiguen los sectores oligárquicos son de otra naturaleza. En primer lugar, tratan de desprestigiar a las empresas del Estado ante la opinión pública, para debilitarlas en su base de respaldo popular. De esta manera, el público puede llegar a considerar que sólo las empresas privadas son capaces de manejar eficientemente los negocios y, por lo tanto, se convertirá en un aliado del sector privado.
En segundo lugar, al debilitar el apoyo popular para las empresas estatales, será fácil para la oligarquía avanzar en su objetivo de adquirir el control de dichas empresas, que es en esencia la finalidad que persiguen.
No cabe duda que la oligarquía tiene la mira puesta en las empresas y organismos descentralizados del gobierno que ahora manejan renglones fundamentales de la economía nacional: Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Nacional Financiera, Altos Hornos de México, Guanos y Fertilizantes, etc., etc. Para la oligarquía éstos constituyen verdaderos filones que acrecentarían sus ganancias y su poder.
En otros casos, como en el de la Conasupo, la oligarquía pretende eliminar a un serio rival que le está impidiendo acaparar cosechas y especular con los productos alimenticios. Qué más desearían los grandes intermediarios que desapareciera la Conasupo.
Si la gran iniciativa privada lograra sus objetivos ¿podríamos esperar beneficios reales para el país y para el bienestar del pueblo, del que se dicen defensores? ¿Qué consecuencias acarrearía el manejo por el sector privado, del negocio petrolero, de la electricidad de la industria siderúrgica, de la producción de fertilizantes, del financiamiento industrial, etc.
De toda probabilidad, estas actividades caerían en manos de grandes trusts extranjeros y de sus socios, la oligarquía nacional. En forma directa y a través de presta-nombres la Standard Oil se apoderaría del petróleo y de la petroquímica; el grupo financiero de Morgan controla la electricidad; las empresas químicas norteamericanas se apoderarían de la producción de fertilizantes; las compañías automovilísticas manejarían la Dina; los grupos financieros extranjeros dominarían el financiamiento industrial; etcétera, etcétera.
Por otra parte, el manejo privado de las actividades fundamentales de la economía nacional ocasionaría de inmediato una fuerte elevación de precios y de tarifas, con lo que aumentarían enormemente las ganancias y el poder de la oligarquía nacional y extranjera. Los organismos de presión de la gran iniciativa privada como las cámaras de comercio y de industria, se convertirían, aún más, en instrumentos poderosos de intervención en la política económica general del país, como representantes verdaderos del poder, frente al gobierno nacional.
¿ y los intereses populares? ¿Y su bienestar? De seguro que resultarían seriamente perjudicados. Con la elevación de precios y el mayor poder de la oligarquía, los sectores populares empeorarían su situación económica y se convertirían en masas cautivas, servidoras de los intereses de la gran burguesía.
¿Y la Independencia Nacional? Sufriría un serio quebranto?
Frente a las ambiciones sin límite de la oligarquía debemos fortalecer al sector público, mejorar su eficiencia, eliminar los abusos de algunos de sus funcionarios que se enriquecen a su sombra, y orientarlas en favor de los intereses populares. Este es el camino de la revolución mexicana. El camino de la oligarquía es el de la contra-revolución.♦