Sus metas son gobernar al país en forma directa y apoderarse de las empresas del estado
Utilidades del 30% anual Exenciones fiscales por 5 o 10 años Créditos de los Fondos Especializados, al 8% para colocarlos al 15 y 18%. Contratos de miles de millones de pesos otorgados por un "Gobierno Izquierdista y Socializante". Mano libre para especular con bienes raíces, valores, artículos de primera necesidad y con los ahorros de la colectividad. | Libertad para transferir al Gobierno sus empresas en bancarrota, a precios exorbitantes, después de haberlas exprimido. Libertad para asociarse a monopolios extranjeros y en estre-cha alianza con ellos comprometer la independencia del país. Libertad para utilizar hasta el grado de saturación los medios de comunicación masiva (Televisión, Radio, Prensa, etc.) para influir sobre la Opinión Pública en favor de sus intereses. Libertad para acumular fortunas y dilapidar la Reserva de la Nación en viajes, artículos de lujo y depósitos en bancos del exterior. |
La iniciativa privada vuelve a la carga.
Hace algunas semanas comentamos los conceptos vertidos por un destacado representante de la iniciativa privada, en relación a la creciente injerencia del Estado en las actividades económicas como empresario y a la supuesta amenaza que ello representa para el sector privado del país.
De nuevo nos vemos impelidos a expresar nuestra opinión alrededor del mismo tema, en virtud de que la iniciativa privada ha intensificado sus ataques a lo que llama "tendencia socializante del gobierno", con el propósito de ganarse a la opinión pública en favor de la "libre empresa" y en contra de la actividad empresarial del Estado.
El Documento más explícito de los últimos que han aparecido sobre el particular, es el publicado en El Heraldo de México, el viernes 7 del presente mes y cuyo contenido puede sintetizarse en los siguientes puntos:
1. — Que por más de 30 años el gobierno Mexicano ha seguido una orientación izquierdista y socializante, presionado por "los líderes obreros y campesinos y los políticos logreros y oportunistas", que le han arrancado concesiones con "la amenaza de huelgas, movilizaciones de masas y con demagogia".
2.— Que la iniciativa privada, "los sectores verdaderamente productivos", "fuente de ingresos de toda la nación, creadores de los centros de trabajo y promotores del progreso del país" y que están representados básicamente por "la Asociación Nacional de Banqueros, la Confederación Nacional de Cámaras Industriales y la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio", ha estado en una actitud pasiva, del silencio y de miedo, amenazada por la nacionalización o expropiación y se "ha conformado, con migajas".
3.— Que la iniciativa privada "no ha sido capaz de oponer con energía su verdadera postura en favor del mercado libre y el derecho de las empresas privadas a ser respetadas y existir con independencia y libertad, y no bajo constantes amenazas de expropiación nacionalización y desaparición".
Para dar fuerza a sus afirmaciones los elaboradores del documento se refieren a algunos “hechos" concretos con los que pretenden demostrar, por una parte, la acción nefasta del gobierno, y por la otra, la pasividad, el miedo y la actitud conformista de la iniciativa privada, así como los perjuicios que ésta recibe (y el público en general) con el intervencionismo estatal. Analicemos uno a uno los "hechos" presentados en el Documento y veamos hasta qué punto las apreciaciones elaboradas en el mismo corresponden o no a la verdad.
Industria Automotriz.- La primera objeción que se hace a la intervención de gobierno en esta importante rama industrial se refiere a la estandarización de los vehículos “en la misma forma en que están estandarizados tras la "Cortina de Hierro".
Sobre este particular debemos recordar que en los años siguientes a la terminación de la Segunda Guerra Mundial el mercado nacional se inundó materialmente de automóviles norteamericanos, europeos y japoneses, en una excesiva variedad de marcas, modelos y precios. Esta situación, que podría haber sido espléndida para el rico o snob, porque tenía la posibilidad de adquirir el coche que le viniera en gana, fuera del precio que fuera y de la procedencia que prefiriera, para el país constituía un problema muy serio porque además de representar una gran dilapidación de divisas, venía a ser un obstáculo muy difícil de salvar para integrar una industria de fabricación nacional.
Si se quería avanzar de la simple importación y luego el ensamble de partes, a los procesos de fabricación, era indispensable que se procediera a reducir sustancialmente la enorme diversidad de marcas y tipos y seleccionar un grupo relativamente reducido para ajustarlo a las modestas dimensiones del mercado nacional de vehículos. De esta manera, fueron las necesidades del desarrollo industrial las que indujeron al gobierno a ampliar su intervención en la Industria Automotriz. Con dicha política no se afectaron los “sagrados intereses de la propiedad privada" como lo prueba el hecho de que las grandes empresas que han quedado en el mercado (a nuestro juicio todavía más de las necesarias) han realizado fuertes inversiones en plantas de fabricación habiéndose ampliado también las inversiones en la producción de partes y refacciones. Más que la iniciativa privada resultaron afectados los propietarios de vehículos que fueron suspendidos en el mercado nacional porque resintieron pérdidas considerables en el valor de sus coches.
La segunda parte de la crítica sobre la intervención gubernamental en la Industria Automotriz se refiere a los elevados precios que el público tiene que pagar por "unidades de calidades inferiores". En este, sentido estamos totalmente de acuerdo en que los precios de los vehículos son exorbitantes. Sin embargo, esta situación obedece no a las presiones de los sectores izquierdistas sino precisamente a las exigencias de la iniciativa privada que de mil maneras ha logrado la fijación de precios muy por encima de sus costos reales. Se sabe que las grandes firmas extranjeras obtienen utilidades en esta rama hasta del 50% anual. ¿Migajas? y a decir verdad, los precios serían todavía mayores si no existiera la empresa estatal Diesel Nacional, que en dos ocasiones ha reducido el de sus propias unidades obligando Indirectamente a las demás al menos a no elevar tanto los suyos.
Industria Azucarera.- El Documento habla de la amenaza de expropiación de las empresas privadas por parte del gobierno, como parte de la política estatal de socialización de la economía en su conjunto. Con, relación a esta queja debemos señalar, como todo mundo, sabe, que la producción y distribución de azúcar ha sido el origen de algunas de las más grandes fortunas en el país, y que precisamente en esta rama la iniciativa privada ha recibido todo el apoyo de parte del Estado. Sirvan de ejemplo, la Organización de Azúcar, S.A., conocida, ahora como UNPASA, que ha sido un monopolio de distribución controlado por los grandes de la Industria, con el apoyo total del gobierno; la utilización de miles de millones de pesos del gobierno a través de la Financiera Nacional Azucarera, institución ésta que por largos años fue manejada por los dueños de los grandes ingenios; la formación de zonas de abastecimiento, obligando a los campesinos a producir exclusivamente caña para surtir a los ingenios, lesionando sus intereses por la imposibilidad de dedicarse a cultivos que podrían serles más remunerativos; la fijación de precios notoriamente favorables para los industriales del azúcar, en perjuicio de los consumidores; intervenciones gubernamentales para obtener cuotas crecientes en el mercado norteamericano; etc. ¿Puede llamarse a esta política socializante y contraria a los intereses de la iniciativa privada?
Impuesto a los anuncios por Televisión y Radio.- Considera el documento "un verdadero asalto a la libertad de expresión, que además afecta la libertad de comercio y lesiona la producción dentro de la libertad de mercado", el establecimiento de "un impuesto del 25% sobre el pago de todos los anuncios por radio y TV".
Sin ocupamos de enjuiciar a este impuesto desde el punto de vista de la práctica impositiva, es menester señalar que ha sido precisamente la iniciativa privada de alto nivel, la que ha realizado el “asalto a la libertad de expresión" y a la "libertad de comercio", al monopolizar los principales medios de comunicación masiva, excluyendo de los mismos al grueso de los empresarios medianos y menores, que en su mayoría son mexicanos. Es del dominio público que la Televisión y la Radio están dedicadas casi totalmente a los anuncios de las grandes empresas extranjeras, mixtas y algunas nacionales, y que a través del dominio de estos grandes monopolios se está influyendo muy desfavorablemente en la Opinión Pública por la dudosa calidad de los programas. A nuestro juicio, el gobierno debería intervenir de manera más enérgica en el ramo de la publicidad para evitar los grandes perjuicios que ahora está ocasionando no solamente al público, sino también a los sectores auténticamente mexicanos que no disponen de los cuantiosos recursos de los monopolistas.
Los impuestos directos de las empresas y los subsidios a los organismos estatales.- EI documento que comentamos reitera la queja de que mientras la iniciativa privada paga fuertes sumas por concepto de impuestos, el gobierno utiliza crecidas cifras, apoyado en esos impuestos, para subsidiar a sus empresas y organismos que le hacen "una competencia desleal” al sector privado.
Con relación a esta crítica, debemos señalar que la casi totalidad de los impuestos que paga la iniciativa privada son trasladados, en una forma o en otra, a los consumidores. Las utilidades de la iniciativa privada no resultan afectadas con los impuestos, sino más bien es el público el que paga. De esto resulta que no hay tal política contraria al Sector Privado, como pueda comprobarlo el hecho de que los empresarios absorben del 35 al 4°% del Ingreso Nacional, situación que los coloca en una situación privilegiada frente al Sector Obrero que apenas recibe de un 27 a un 30%. Ni en Estados Unidos, Inglaterra, Francia o Alemania el Sector Privado obtiene una proporción tan elevada del Ingreso Nacional.
En cuanto a las sumas que el Estado dedica a fortalecer la economía de sus empresas y organismos productivos, ya nos hemos ocupado de este tema en ocasiones anteriores, por lo que por razones de espacio lo pasamos por alto.
Socialización de utilidades, NO; de riesgos y pérdidas, SI
Lo que se hace evidente no es que la iniciativa privada se oponga a la socialización colectivización, sino solamente a aquella que no le produce dividendos. Se pronuncia contra la socialización de las utilidades, porque las quiere para ella sola. Pero favorece y ha sido beneficiaria en alto grado de la socialización de los riesgos y de las pérdidas, es decir, que el público, la colectividad cargue con todas las pérdidas que por una razón u otra se produzcan en el manejo de sus empresas. Así, solicitan y obtienen exenciones fiscales para sus empresas en el período inicial de sus operaciones, lo que significa que el Estado y el público está cargando con los riesgos; transfieren al Estado a precios elevados, sus empresas en bancarrota; reciben apoyo financiero en términos mucho más favorables que los que rigen en el mercado; obtienen contratos a precios elevados, sobrecargando al público con costos inflados; especu- (Sigue en la página 70)