De una clara política nacionalista en 38, brincamos a 44 cuando el gobierno introdujo la exigencia de una mayoría de 51% de capital mexicano en empresas de capital extranjero, pero esta medida se aplicó a embotelladoras y al cine, no a la minería y a la industria.
La amenaza proveniente de la marcada tendencia expansionista de los Estados Unidos en el siglo pasado, que se manifestó en forma tan violenta e injusta con la invasión norteamericana de 1847, dio origen a actitudes como la expresada por Lerdo de Tejada de que entre México y Estados Unidos había que interponer el desierto, o como la de pretender fortalecer el desarrollo de la religión católica en la zona fronteriza, para que actuara como valladar frente al poderoso vecino protestante del norte. Actitudes absurdas, sin duda, pero reveladoras del temor de que se repitieran los hechos del 47 y que otras porciones del territorio nacional fueran arrebatadas por la fuerza o que la patria toda perdiera su independencia y nos convirtiéramos en siervos de un poder extranjero.
La dinámica del desarrollo histórico, sin embargo, fue determinado que se establecieran lazos económicos cada vez más estrechos con nuestros vecinos del norte. Las empresas norteamericanas que después de la guerra civil entraron en un intenso proceso de crecimiento, se fueron expansionando hacia el exterior, siendo nuestro país y Canadá los lugares preferidos, seguramente por razones geográficas.
La política de Porfirio Díaz de “puerta abierta” al capital extranjero facilitó enormemente el proceso de colocación de capitales extranjeros. Concesiones de 99 años, subsidios, exenciones, y sobre todo una actitud extremadamente favorable creó condiciones de verdadero privilegio para el capital extranjero. En tales circunstancias las empresas extranjeras en breve plazo se convirtieron en el factor determinante en actividades económicas fundamentales. La minería (principal renglón de las exportaciones), el petróleo, extensas zonas agrícolas, ganaderas y boscosas, ferrocarriles, electricidad, instituciones de crédito, etc., quedaron bajo el control de empresas extranjeras.
Pero aún el dictador estuvo consciente del peligro de la preponderancia de las inversiones norteamericanas, y por ello trató de contrabalancearlas con inversiones europeas. Limantour, su ministro de hacienda, tuvo marcadas simpatías por los capitales europeos, especialmente franceses.
En vísperas de la Revolución y por la acción de las inversiones extranjeras, la economía mexicana se había convertido en proveedora de materias primas para la industria norteamericana. Era la nuestra una economía de actividades primarias, dependiente de las necesidades de las empresas extranjeras que la dominaban. Fue una consecuencia obligada de la política de “puerta abierta”y de “clima favorable” para las inversiones extranjeras que aplicó el Porfirismo como medio para lograr sostener en el poder.
La Revolución Mexicana y las inversiones extranjeras.
Desde los brotes rebeldes que tuvieron lugar antes de 1910, se ve con claridad la actitud popular nacionalista, porque ya las empresas extranjeras se habían significado por sus abusos e injusticias. No es un accidente que los casos más sonados hayan girado alrededor de la lucha de los obreros frente a intereses extranjeros de tipo colonialista, en Cananea y Río Blanco. La dictadura, imperturbable en su afán de mantener un “clima favorable” para el capital extranjero, que le servía de apoyo, utilizó sus medios de represión en contra de los obreros para favorecer a los monopolios extranjeros.
La Revolución Mexicana tuvo así, por razón natural, un contenido nacionalista bien definido. Esto quedó expresado sobre todo en el artículo 27 y el 28 de la Constitución de 1917. El artículo 27, como se sabe, reivindicó la riqueza del suelo y del subsuelo para la nación, riqueza que estaba dominada por un puñado de empresas extranjeras. Este mismo artículo estableció limitaciones para la adquisición por parte de extranjeros de bienes raíces en la frontera y en las costas. Igualmente se impuso a los extranjeros el compromiso de no invocar la protección de sus países de origen, en caso de conflicto por sus inversiones en México.
El artículo 28, por su parte, estableció normas para luchar en contra de los monopolios, que en su mayoría eran también extranjeros.
La aplicación de estas disposiciones fundamentales encontró grandes obstáculos en los primeros años posrevolucionarios. No fue sino hasta el gobierno del general Cárdenas cuando se llevaron a la práctica con firmeza.
El gobierno del general Cárdenas, orientando su política con base en la doctrina de la Revolución, adoptó una franca actitud nacionalista, de defensa de los intereses nacionales frente al dominio monopolista de las empresas extranjeras. Con apoyo en el Artículo 27 nacionalizó la riqueza petrolera, medida que ha jugado un papel de primera importancia en el desarrollo del México moderno y expropió muchos latifundios que eran propiedad de extranjeros.
Durante este período de auge revolucionario, aunque la legislación vigente era limitada, fue base, no obstante, de una clara política nacionalista, porque existía una actitud de defensa de los intereses nacionales frente al dominio económico extranjero. Es esta actitud lo más importante, ya que siempre existen los medios para lograr un objetivo si se tiene el firme propósito de hacerlo.
Contra lo que se predijo por los “expertos”, la política nacionalista del gobierno del general Cárdenas no provocó el caos, ni la caída en la producción, sino por el contrario, la eliminación del dominio extranjero en actividades importantes como el petróleo, los ferrocarriles y la agricultura. Constituyó un factor muy favorable al desarrollo general del país, porque se redujo la salida de utilidades y se orientaron esas actividades en el sentido exigido por los intereses nacionales. Los avances logrados en esa época con la política nacionalista, han rendido considerables frutos en los años posteriores.
Después del gobierno del general Cárdenas se operaron cambios importantes en la política seguida respecto a las inversiones extranjeras. En el gobierno del general Ávila Camacho no se continuó con la política de nacionalizaciones del régimen anterior, aunque no aumentó el valor total de las inversiones extranjeras. Subsistió, sin embargo, la preocupación respecto a sus consecuencias desfavorables. Por ello, en 1944 se expidió un Decreto, por medio del cual se intentaba fijar algunas normas para las operaciones de empresas extranjeras.
El Decreto de 1944 es importante sobre todo porque introduce la exigencia de una mayoría del 51% de capital mexicano en las empresas con capital extranjero. Esta disposición, sin embargo, fue de carácter muy limitado ya que se refirió a un reducido número de actividades y no de las más importantes. Así, por ejemplo, al lado de las telecomunicaciones, se incluyó a los cines y compañías distribuidoras de películas, así como a las empresas embotelladoras de bebidas gaseosas. No se incluía la minería, la industria, las medicinas o actividades semejantes. Por otra parte, se trató de un simple decreto, cuya fuerza legal es de alcance limitado, y no de una disposición constitucional o al menos de una Ley. Su utilidad, por lo tanto, ha sido escasa, aunque debe considerársele como un intento para someter a ciertas normas a las inversiones extranjeras.
Como en otros problemas fundamentales, el gobierno del licenciado Alemán, en términos generales, siguió una política contraria a la doctrina de la Revolución Mexicana, en materia de inversiones extranjeras. A semejanza del porfirismo, se aplicó una política de “puerta abierta” para los capitales extranjeros, bajo el supuesto erróneo de que dichos capitales eran necesarios para lograr el desarrollo acelerado del país, sobre todo en el aspecto industrial.
Todos los medios se pusieron al servicio de los inversionistas, por igual nacionales y extranjeros, para inducirlos a que invirtieran sus capitales en las distintas actividades económicas, pero especialmente en la industria. Exenciones de impuestos a la importación y al impuesto sobre la renta; tratamiento generoso en cuanto a concesiones mineras y azufreras; otorgamiento de crédito y avales; política de congelación de salarios; laxitud en el control de precios; libertad de cambios; otorgamiento del amparo en materia agraria, etc., fueron algunos de los instrumentos utilizados para fomentar la inversión.
Precisamente fue el gobierno del licenciado Alemán el que renovó la concesión a la Mexican Light and Power Co., el monopolio eléctrico extranjero, en lugar de recatar para la Nación esa riqueza, que de acuerdo con la concesión original pasaría al poder del país al término de dicha concesión. También en este gobierno se realizaron las manipulaciones administrativas y legales para que la fabulosa riqueza azufrera del Istmo, pasara a poder de empresas norteamericanas “por un plato de lentejas”.
El capital extranjero, con estos estímulos, volvió a volcarse sobre nuestro país, dirigiéndose ahora especialmente hacia la industria, el comercio, la electricidad, el azufre y las finanzas. Durante este gobierno las inversiones extranjeras se elevaron de 2 800 a 6 300 millones de pesos.
La política favorable al sector capitalista dio por resultado que las utilidades crecieran enormemente y los salarios cayeron en importancia relativa.
No obstante la actitud extremadamente favorable del gobierno del licenciado Alemán hacia el capital extranjero, debemos reconocer en justicia, que se mantuvieron las conquistas anteriores en materia de petróleo, ferrocarriles y tierras, en términos generales. Asimismo, debe acreditársele cierto esfuerzo por intervenir en la orientación de las inversiones extranjeras, al crear, por acuerdo del 29 de mayo de 1947, la Comisión Mixta Intersecretarial, integrada con un representante de la Presidencia, uno de la Secretaría de Hacienda, otro de la Secretaría de Economía y uno más de la Secretaría de Agricultura. Esta Comisión estableció algunas normas pero fueron de poca importancia, siendo en la práctica un organismo más, sin ninguna acción efectiva.
Durante el gobierno del licenciado Ruiz Cortines no se adoptaron medidas importantes dirigidas a someter a control a las empresas extranjeras. Sin embargo, desde el punto de vista administrativo, se siguió una política discreta de defensa de los intereses nacionales frente a los desenfrenos de monopolios del exterior, se mantuvieron las ventajas logradas con anterioridad en empresas estatales, que fueron fortalecidas, se rescataron algunos bienes mineros y se asignó al gobierno en exclusividad la explotación de los recursos radioactivos. También se observó una mayor preocupación por dar apoyo a los empresarios nacionales frente a la desventajosa competencia con los monopolios extranjeros. En los seis años de este gobierno las inversiones extranjeras volvieron a duplicarse, pasando a 14 600 millones de pesos.
El gobierno del licenciado López Mateos, por primera vez desde Cárdenas logró reducir el valor de las inversiones extranjeras en 1960 por la compra que realizó de los intereses de las empresas eléctricas extranjeras. Fue este un paso de gran importancia porque vino a integrar la base energética del país. Medida indispensable para acelerar el desarrollo económico nacional. Igualmente se hicieron importantes adiciones al Artículo 27 de la Constitución, en el sentido de otorgar exclusividad al gobierno para la generación y distribución de energía eléctrica y para la explotación de la petroquímica básica. Se promulgó también una nueva ley minera nacionalista. También se rescataron de manos extranjeras algunas propiedades mineras, siderúrgicas, de transporte y de exhibición de películas. Finalmente, se amplió el sector gubernamental en forma considerable.
Sin embargo, no se avanzó en forma apreciable en materia de control de la inversión extranjera, la que siguió creciendo con celeridad y sin mayores cortapisas. Su valor total se elevó de 14 600 millones en 1958 a 20 000 millones en 1964, es decir, creció a razón de 900 millones de pesos anuales, en promedio. Y esto, a pesar del rescate de las empresas eléctricas y de otras empresas importantes.
La avalancha de inversiones extranjeras sigue su marcha. La prensa informó hace unas semanas, que en los primeros meses del presente año, 103 grandes empresas de los Estados Unidos establecieron filiales en México, especialmente en industrias. Esto quiere decir que en forma acelerada la industria está pasando a control extranjero, situación del todo inconveniente.
Podemos llegar a la conclusión de que aunque los ideales de la Revolución Mexicana son claramente nacionalistas, y aunque se han logrado éxitos importantes en esa dirección, la política seguida no ha sido siempre consecuente con esas ideas: se ha obrado con tibieza, y en ocasiones hasta con abandono de los procesos revolucionarios. Será necesario por lo tanto redoblar esfuerzos, fortalecer las bases legales para actuar con mayor eficacia y sobre todo tener una concepción clara y justa de la urgencia de someter a control, a las inversiones extranjeras, para eliminar los peligros que de ella se derivan.♦