El problema de las inversiones extranjeras por su magnitud y los perjuicios económicos que ocasiona a amplios sectores de la población (incluyendo consumidores, empresarios medianos y pequeños, obreros, y campesinos), debe ser abordado desde diversidad de ángulos y con la más amplia participación de los distintos sectores de la población que resultan afectados.
Una política eficaz frente a este problema requiere, antes que nada, de cambios importantes en aspectos doctrinarios que hasta ahora han conformado la acción gubernamental y del público en materia económica.
Entre los cambios que deben operarse se destacan dos: el relativo a “la igualdad del trato” para inversionistas extranjeros y nacionales, y el de “la acción supletoria del gobierno en las actividades económicas”. Si se mantienen esos mismos principios no podrá aplicarse ninguna política efectiva de defensa de los intereses nacionales frente al dominio de los grandes monopolios del exterior.
Con frecuencia altos funcionarios hacen declaraciones en el sentido de que en México todos los empresarios e inversionistas reciben un tratamiento igual, y que no se otorgan privilegios a las empresas extranjeras. Aunque ya es una ventaja indiscutible que no otorguemos privilegios explícitos como antaño, en la realidad la política de igualdad de trato significa que se crean condiciones ventajosas para las empresas extranjeras y desfavorables para los inversionistas nacionales. La superioridad financiera, técnica y administrativa de los grandes monopolios extranjeros es tanta frente a los empresarios mexicanos, que la política de “tratamiento igual” les da una enorme ventaja y equivale a una “discriminación en contra de los mexicanos”. El resultado no puede ser otro que el desplazamiento o absorción de los mexicanos por los monopolios extranjeros. Esta política ha sido responsable de la desaparición como empresarios independientes de muchos mexicanos o extranjeros radicados por largo tiempo en nuestro país, en muchas industrias, como la de jabones, galletas y pastas, empacadoras de frutas y legumbres, llantas y una variedad de otros tipos de negocios.
No se crea que este fenómeno de desplazamiento es resultado de la mayor eficiencia con que operan los monopolios extranjeros.
La superioridad financiera por sí sola les permite dominar a las empresas menores, a través de costosas campañas publicitarias, del control de materias primas, de la abundancia de créditos y con alguna frecuencia también, mediante prácticas desleales de “guerras de precios” que no tienden a beneficiar a los consumidores sino a expulsar a los competidores (una vez que logran su propósito, elevan los precios a mayores niveles que antes). Si bien las empresas tienden a hacerse más eficientes a medida que crecen, esa eficiencia mayor no beneficia al público sino solamente a los propios dueños de ellas.
El interés nacional, por lo tanto, exige que se adopten medidas de protección para la inversión mexicana, tanto de los particulares como del gobierno. No importa que puedan considerarse estas medidas como “discriminatorias”, porque de hecho no lo son; más bien se trata de medidas de protección, de defensa, y están plenamente justificadas ¿Quién podría, por ejemplo, objetar la conveniencia y el derecho que existe para “discriminar” a los extranjeros de los puestos de elección popular? Y muchos directivos de empresas extranjeras en México tienen más poder económico y a veces también político que nuestros presidentes municipales y aún gobernadores de Estado. Nuestra Constitución y las leyes de población que nos rigen tienen ya disposiciones “discriminatorias”. Recordemos por ejemplo, la relativa a prohibir a los extranjeros la posesión de bienes raíces en una faja de 100 kilómetros en las fronteras y de 50 en las costas. Son estas evidentemente medidas de protección, dictadas por los altos intereses nacionales. Con igual razón deben extenderse esas medidas de defensa a los aspectos fundamentales de nuestra vida económica.
Otro cambio que debe producirse es el relativo a la concepción respecto a la intervención del gobierno en la actividad económica. La copiosa y persistente propaganda de los grupos oligárquicos, extranjeros y nacionales, se ha dirigido a influir en la opinión pública en el sentido de que solamente la empresa privada debe manejar los negocios en general y que el gobierno debe participar en forma supletoria, en los casos en que la iniciativa privada no tenga interés o sea deficiente o que se trate de inversiones de infraestructura no lucrativas, que requieren grandes inversiones, tales como la construcción de presas, puertos, caminos, obras sanitarias, escuelas, etcétera.
Se llega al extremo de sugerir que el gobierno inicie negocios en nuevas actividades y que corra todos los riesgos y que una vez que tengan éxito sean turnados al sector privado para que éste obtenga los beneficios. También se defiende la idea de que el gobierno se haga cargo de todas aquellas empresas manejadas por intereses privados y que se encuentren en malas condiciones. Esta doctrina es del todo inaceptable porque importantes sectores de la iniciativa privada están representados por los empresarios extranjeros y sus asociados, y serían ellos los que se apoderarían de los principales negocios. Y porque nadie ha dado a la iniciativa privada el derecho de ser la única que en exclusividad puede invertir en actividades lucrativas. Antes que el interés particular está el general de la Nación y desgraciadamente con frecuencia se encuentran en clara oposición los intereses nacionales y los de los grupos empresariales monopolistas que buscan las utilidades más altas posibles, a toda costa.
Lo que debe normar la intervención del gobierno en la actividad económica es el interés general de mejorar las condiciones de vida de la población y de asegurar la independencia del país. Y con base en esto el gobierno debe participar en todas las actividades que sea necesario, para asegurar aquellos objetivos.
De acuerdo con estas ideas, consideramos que en el momento actual se deben adoptar una serie de medidas para eliminar el dominio de monopolios extranjeros y acelerar el desarrollo económico y social de la Nación. Entre ellas nos parece que merecen atención preferente las siguientes:
1.— Una mayor participación del gobierno en la actividad económica.
El gobierno se encuentra ya en condiciones de ser el eje del desarrollo económico del país y de imprimirle la orientación nacionalista y democrática conveniente. Además de las facultades que le otorgan las leyes que nos rigen, el gobierno maneja una serie de empresas en un número amplio de actividades: petróleo, electricidad, acero, crédito, ferrocarriles y algunos otros. Este sector debe fortalecerse en el sentido de ampliarse con nuevas empresas y en el de lograr que operen con eficiencia, debidamente coordinadas entre sí y con finalidades muy definidas de interés general.
El fortalecimiento del sector gubernamental es un valladar frente a la expansión monopolista extranjera. Las empresas más importantes que maneja el gobierno han sido rescatadas del dominio extranjero sea por nacionalizaciones o mediante compra: Petróleos Mexicanos, las empresas eléctricas, Ferrocarriles Nacionales de México, Aeronaves de México, La Consolidada, la cadena de cines del D. F., algunas empresas mineras y otras más. El gobierno es el único que tiene la fuerza necesaria para cerrar el paso a la inversión extranjera en las actividades importantes y orientarse atendiendo al interés general del país.
El gobierno tiene además un papel muy importante que desempeñar en la aplicación de una política verdaderamente nacionalista a través de actos administrativos, de la observancia estricta de las leyes existentes y las que se dicten después, y en general, con una actitud de defensa de los intereses nacionales y de una vigilancia permanente.
2.— Aprobación de una “Ley de Inversiones Extranjeras”, que fije normas especiales a las que deberán sujetarse las operaciones de las empresas con capital extranjero. En dichas normas deberá figurar la selección de las actividades vedadas totalmente a esas inversiones, por la importancia fundamental que tengan en la vida económica del país (petróleo, electricidad, petroquímica básica, bancos de depósito y sociedades financieras entre otras); establecerá la exigencia del 51% del capital mexicano en todas las empresas en las que se permita el capital extranjero y la exigencia de que las acciones sean nominativas y objeto de registro, y en fin otras disposiciones que conviertan al capital extranjero en complementario y no en factor dominante.
3.— Aplicación de una política de mexicanización de empresas en actividades fundamentales en las que ahora exista fuerte participación de capital extranjero, como en la banca de depósito, las compañías de seguros, las sociedades financieras, el azufre y otras. La política de mexicanización es necesaria porque la Ley de Inversiones Extranjeras sólo establecerá normas para el futuro.
4.— Seguir una política anti-monopolista a fondo para evitar que los monopolios existentes, muchos de ellos extranjeros, sigan explotando al público y enviando fuertes sumas al exterior.
5.— Dar apoyo amplio a los empresarios mexicanos en forma de créditos, ayuda técnica, suministro de materias primas, facilidades de exportación de sus productos, etc. A su vez los empresarios mexicanos independientes deberán merecer este apoyo, adoptando una actitud nacionalista de defensa de sus negocios de utilización de sus recursos en inversiones productivas y necesarias y de apoyo al Gobierno en su lucha de defensa de los intereses nacionales.
6.— Una política vigorosa e independiente de relaciones económicas internacionales con todo el mundo.
7.— Estrechamiento de los lazos con los países en condiciones semejantes a las nuestras, especialmente con América Latina, para llevar al cabo políticas conjuntas de defensa frente a los obstáculos comunes que se interponen a nuestro progreso.
La política que recomendamos y cuyos lineamientos generales han sido presentados, deberá contar con todo el respaldo popular, en la forma de apoyo y las medidas adoptadas, vigilancia, preferencia por los artículos producidos por empresas mexicanas y gubernamentales y de superación personal permanente. Esto a su vez, sólo será posible con el mantenimiento de condiciones democráticas propicias para que se manifieste con plenitud la iniciativa y el entusiasmo del pueblo.♦