Cuando se compara la configuración de los grupos de poder económico del México actual con la situación que prevalecía a finales de la época porfiriana llaman poderosamente la atención los siguientes hechos: por una parte, hoy como ayer la riqueza se encuentra fuertemente concentrada en pequeños grupos privados que tienen un enorme poder, y por la otra, esos grupos poderosos son completamente nuevos, con muy raras excepciones.
Todavía no han sido debidamente estudiados estos hechos, a pesar de su enorme importancia para entender el carácter de la Revolución Mexicana y el rumbo que ha tomado hasta ahora y el que puede seguir en el próximo futuro. Sin embargo, la observación y análisis de los factores esenciales que han estado presentes en el proceso de nuestra realidad económica (y política) de los últimos 50 años, parecen indicar que si bien la Revolución Mexicana destruyó en lo esencial a la vieja oligarquía, no ha sido capaz de transferir el dominio de la riqueza y el poder a los grandes sectores populares principalmente a los obreros y a los campesinos. Por el contrario ha propiciado el surgimiento de una nueva oligarquía tan opulenta y poderosa como la de la época del general Díaz.
La Revolución Mexicana liquidó a la oligarquía porfiriana, pero bajo su sombra ha surgido una nueva, más poderosa aún. Ya no basta con construir más escuelas, hospitales, caminos, presas, ferrocarriles y plantas eléctricas; el avance de la Revolución Mexicana exige cambios en la estructura del poder en favor del pueblo. El programa de la Revolución debería incluir:
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En efecto, todo parece indicar que el proceso de concentración de la riqueza y del poder ha llegado a un punto en que se plantea al país un dilema crucial: o la oligarquía toma el poder en forma abierta y total o la Revolución Mexicana actúa con energía para evitarlo y para encauzar al país por los senderos democráticos y de un verdadero progreso de las masas populares.
Ante este dilema la Revolución Mexicana debe tomar su verdadero rumbo que no es otro que el de fortalecer a los sectores obrero y campesino, consolidar y ampliar al sector estatal y limitar drásticamente el poder económico de los grupos oligárquicos. Ya no basta con construir más caminos, escuelas, hospitales, presas y plantas eléctricas; el avance de la revolución exige que se realicen cambios fundamentales de estructura, en favor del pueblo.
Lo que la revolución necesita es un programa debidamente integrado que a la vez que asegure el desarrollo económico acelerado del país, modifique la estructura del poder en el sentido democrático y fortalezca la independencia económica nacional. Dicho programa debería incluir, entre otros, los siguientes elementos esenciales:
Un Plan de Desarrollo Económico que descanse fundamentalmente en la utilización de los recursos nacionales y en donde el Estado sea el motor principal de impulso y de control de la actividad económica. La canalización de los recursos nacionales hacia el desarrollo permitirá fortalecer la independencia económica nacional y aumentar la producción a ritmo acelerado, ya que actualmente buena parte de los ahorros internos se utilizan de manera improductiva, en consumo suntuario o simplemente se fugan del país en diversas formas. Por otra parte, la participación destacada del Estado en los puestos de mando de la economía es condición indispensable para acelerar el desarrollo y para limitar el poder de los grupos oligárquicos, nacionales y extranjeros.
Reforma Fiscal con sentido revolucionario, para asegurarle al Estado los recursos necesarios para el fomento de la producción y la atención de los servicios sociales de educación, salubridad, etc., y para modificar la distribución del ingreso nacional en favor de las masas populares.
Reforma Agraria basada en la organización de ejidos colectivos y de cooperativas agrícolas de tipo integral que a la vez que liberen a los campesinos de la pobreza y la dependencia respecto a los numerosos intermediarios que ahora los explotan, estimule la producción agrícola, ganadera y silvícola, y la transformación de los productos del campo.
Nacionalización de los bancos para que los ahorros del público se utilicen para fines esencialmente productivos y para el bien de la colectividad, y para limitar el poder de los grupos oligárquicos que ahora los manejan en su propio provecho y con los que han logrado aumentar su poder monopolista sobre el crédito, la industria, el comercio y los servicios.
Mexicanización de ramas fundamentales de la industria que ahora se encuentran bajo el control extranjero, transfiriendo al Estado aquéllas que sean necesarias para asegurar el control gubernamental de las posiciones clave de este sector.
Control efectivo del sector paraestatal, para que los organismos económicos y las empresas del Estado sean manejados con eficiencia, de manera coordinada, con honestidad y con una orientación revolucionaria. La supervisión y vigilancia por parte de la Cámara de Diputados sería muy saludable para lograr estos objetivos.
Impulso al comercio con todos los países del mundo para aumentar las exportaciones y mejorar las condiciones de venta, y por otra parte, para comprar nuestros abastecimientos en los mercados más convenientes.
Control de las divisas con el objeto de limitar drásticamente su utilización en fines no esenciales, y para reducir la salida de las cuantiosas remesas que hacen actualmente las empresas extranjeras a sus matrices en el exterior, y de los millonarios mexicanos a bancos norteamericanos y europeos.
Apoyo vigoroso a la educación en general, y a la investigación científica y tecnológica en particular.
Política justa de salarios y de precios, para fortalecer el consumo interno y la economía de las masas trabajadoras.
Participación de los trabajadores en las empresas del Estado para asegurar su operación democrática y para evitar que se conviertan en usufructo de influyentes que acumulan grandes fortunas y pasan a engrosar las filas de los grupos oligárquicos.
Fortalecimiento de los sindicatos y de las organizaciones campesinas, que son los dos pilares fundamentales de la transformación revolucionaria del país.
Democratización del proceso electoral en todos los niveles, para que el pueblo elija a los gobernantes mejor identificados con sus aspiraciones y que sientan la responsabilidad de responder de sus actos ante sus electores y no ante un protector que los ha designado.
Estos son algunos de los puntos esenciales que consideramos deben constituir el programa de la Revolución Mexicana, para encauzar al país por el derrotero de verdadero progreso, con independencia económica y con justicia social. Como puede verse, implica cambios fundamentales en la estructura del poder económico de los sectores populares. Estamos convencidos de que este es el objetivo fundamental que deben perseguir las fuerzas revolucionarias del país y que deben emplear todas sus energías en conseguirlo, haciendo a un lado las discrepancias menores que las tienen divididas, porque de no hacerlo, los grupos oligárquicos en alianza con los sectores monopolistas extranjeros, tomarán el poder y entronizarán un gobierno de tipo fascista que anulará las conquistas hasta ahora alcanzadas por la revolución y someterán de nuevo a nuestro pueblo a una dictadura semejante, o peor aún, que la del general Díaz.♦