Barron’s el seminario financiero más influyente de Wall Street, ha dedicado su número correspondiente al mes de mayo para agredir a México por la actitud asumida por el Gobierno en defensa de su azufre. “Robando al Gringo”, es el título de un artículo virulento donde los mexicanos aparecen como “rateros” como resultado de la expropiación petrolera y ahora por la legítima defensa que hacen de una riqueza en poder de empresas norteamericanas.
A través de sus ministros de economía y del patrimonio nacional, el gobierno adoptó medidas enérgicas en relación con el affaire del azufre, pero ello no es suficiente: es preciso llegar ya hasta la mexicanización.
En las últimas semanas la opinión pública ha sido sacudida por la revelación del gran “affaire” del azufre. Otra riqueza nacional que ha estado siendo explotada irracionalmente por empresas extranjeras y que corre el riesgo inminente de agotarse. Y todo, para beneficio de unos cuantos.
El asunto del azufre salió a la superficie en virtud de los resultados de un estudio realizado por los técnicos del gobierno que reveló que las reservas azufreras alcanzaban una cifra mucho menor que la que había sido publicada por las empresas explotadoras de ese importante metaloide. Ante reservas tan reducidas, se presenta el grave peligro del agotamiento de los depósitos en un término de escasos 10 años, de seguirse explotando con la intensidad actual. El agotamiento de las reservas por la forma irracional de explotación para fines de exportación, colocaría a la industria nacional frente a un muy serio problema de abastecimientos.
La amenaza que se cierne sobre la industria que utiliza el azufre como materia prima, industria que ya reviste una gran importancia en el país (fertilizantes, productos químicos, productos farmacéuticos, productos de hule, y muchas otras) exigió una intervención más enérgica de parte del gobierno. Los Secretarios del Patrimonio Nacional y de Industria y Comercio, dieron a la publicidad sendos documentos en los que se informa de la política que seguirá el gobierno respecto a este problema. No cabe duda que se intenta corregir algunos errores del pasado y establecer normas más estrictas con fines de protección de las reservas azufreras. Pero consideramos que todavía no son suficientes esas medidas. A nuestro juicio es necesario dar un paso más y llegar a la mexicanización de la riqueza azufrera por causas de interés nacional. La base de esta posición es sólida y no se nutre simplemente en el deseo de eliminar intereses extranjeros de nuestra economía aunque esto también juega su papel.
A nuestro juicio el caso del azufre debe plantearse en la forma siguiente:
1.—Siendo un recurso no renovable la política a seguirse debe estar dictada por la magnitud de las reservas comprobadas.
2.— Debe darse preferencia a la satisfacción de las necesidades, presentes y futuras, de la industria nacional.
3.—Las exportaciones de azufre (como la de otros productos) son deseables porque proporcionan divisas que necesitamos para adquirir bienes de inversión para el desarrollo, pero su cuantía debe ajustarse a las reservas y a las necesidades domésticas del país.
4.— Deben buscarse los máximos beneficios para los mexicanos: trabajadores, empresarios, Gobierno y público consumidor.
Sobre la base de este planteamiento enjuiciemos lo que ha sucedido con la explotación del azufre y la política que se ha seguido y la que se pretende ahora seguir para lograr salvaguardar los intereses nacionales que se encuentran amenazados.
Lo primero que destaca en el asunto del azufre es el hecho de que es una actividad dominada casi totalmente por empresas norteamericanas, la Azufrera Panamericana, filial de la Pan American Sulphur Co., y la Compañía Azufres de Veracruz, S. A., filial de la Gulf Suphur Corp. Este control extranjero ha sido determinante en la explotación irracional de los depósitos y en la tendencia a explotar el máximo posible. También ha limitado los beneficios derivados para el país de la explotación de esta riqueza, porque las altas utilidades que ha reportado, en buena proporción han sido remitidas a las matrices en los Estados Unidos.
Desde los inicios de las operaciones de las empresas azufreras se hizo evidente que lo que buscaban era esencialmente el obtener utilidades máximas y en el menor tiempo posible. Y muy pronto se vio la amenaza que ello representaba sobre todo para la industria nacional y para su futuro desarrollo. Por esa razón, los empresarios mexicanos presentaron una cerrada oposición a la política de las empresas azufreras de elevar al máximo la producción con fines de exportación.
El gobierno tuvo que intervenir para asegurar los abastecimientos de azufre a la industria nacional. Sometió a control las exportaciones y estableció la obligación de abastecer preferentemente el consumo nacional. Las exportaciones quedaron ligadas a la magnitud de las reservas comprobadas. Se buscó así lograr el doble propósito de proteger a la industria nacional y al mismo tiempo obtener divisas mediante la exportación de excedentes, sin que ello hiciera peligrar las reservas de este importante metaloide.
Guiadas por sus intereses particulares de elevar sus ganancias las empresas extranjeras recurrieron al engaño e inflaron los datos de sus reservas, haciéndolas llegar a 100 millones de toneladas o más. Con tal procedimiento buscaron obtener del gobierno cuotas de exportación elevadas, ya que según parecía, las reservas eran amplias y no habría el peligro de agotamiento de los depósitos en plazo razonable. De esta suerte, la producción se elevó substancialmente a partir de 1954 y con ella las exportaciones, hasta sobrepasar el millón de toneladas en 1958 y llegar a cerca de dos millones en 1964. El azufre se convirtió en un renglón importante de nuestras exportaciones, ya que alcanzaron un valor de 470 millones de pesos en el año pasado, con lo que ocupó el sexto lugar entre los principales productos de exportación.
Durante este periodo la industria nacional fue aumentando sus necesidades de esta materia prima en forma considerable, elevándose el consumo de unas 60 000 toneladas en 1954, a alrededor de 120 000 en 1964. Justo es decirlo, no hubo dificultades serias en lograr sus abastecimientos.
Sin embargo, ahora que se revela que las reservas de los depósitos del Istmo de Tehuantepec y de San Luis Potosí son apenas de 23.7 millones de toneladas, es decir, menos de una quinta parte de las pregonadas por las compañías explotadoras de esa riqueza, se descubre el engaño y, lo que es más grave, se hace evidente el peligro de nuestra industria consumidora de azufre de quedarse sin materia prima en futuro muy próximo.
La alarma es plenamente justificada. El azufre es un producto relativamente escaso en el mundo y de una gran importancia como materia prima para producir ácido sulfúrico (que tiene amplísimas aplicaciones, especialmente en la producción de fertilizantes) y también en estado nativo. De seguirse explotando al ritmo actual, importantes industrias que lo utilizan y que se encuentran en franco proceso de desarrollo, se verían muy pronto en la necesidad de importarlo a precios muy elevados. O tendríamos que importar los productos acabados en los que entra como materia prima, con serios perjuicios para el desenvolvimiento de nuestra industria y el desarrollo económico general del país.
Es evidente, por lo tanto, que urge tomar medidas enérgicas para someter a un riguroso control la explotación y las exportaciones de este metaloide tan importante.
Las medidas que han sido anunciadas por el gobierno consisten fundamentalmente en estrechar el control de las exportaciones poniendo como exigencia el mantenimiento de reservas de 25 millones de toneladas, permitiendo una exportación máxima de un millón y medio de toneladas, pudiéndose incrementar sólo en el caso de que las empresas, mediante trabajos de exploración intensos, logren aumentar las reservas comprobadas.
Esta parte de las disposiciones oficiales son muy atinadas porque protegerán los abastecimientos a la industria nacional, permitirán lograr divisas con la exportación (de las que estamos tan necesitados) y estimularán la búsqueda de nuevas reservas. Sin embargo, es muy dudoso que las empresas extranjeras se ajusten a estas disposiciones. Tratarán como hasta ahora de manipular por todos los medios posibles, para mantener en alto nivel sus exportaciones, aunque ello siga poniendo en peligro a nuestra economía.
Otro aspecto de las declaraciones sobre la política que seguirá el gobierno presenta todavía mayores inconvenientes. Se ha informado que se respetarán todas las concesiones y que podrán otorgarse otras más, siempre que las empresas se constituyan con un capital mexicano del 60%. La finalidad es muy encomiable. Pero de todos es sabido lo fácil que es organizar empresas en las que “aparezca capital mexicano, no del 60% sino hasta el 100%”. Existen despachos y personas que obtienen grandes ingresos “prestando nombres”. Por ello no hay garantía de que esta disposición se cumpla de veras y lo que con mayor seguridad puede acontecer es que las mismas empresas extranjeras o nuevas, obtengan un control mayor de nuestra riqueza azufrera.
No queda más camino, por lo tanto, que rescatar de una vez, de manos extranjeras la riqueza azufrera, para manejarla directamente por mexicanos en la forma que dicte el interés nacional. Es una medida perfectamente correcta porque hasta ahora las empresas extranjeras no se han conducido adecuadamente y porque existen grandes vicios de origen en las concesiones de que disfrutan dichas compañías, vicios que deben ser corregidos cuanto antes. Varias de las más importantes concesiones fueron “traspasadas” a las empresas por mexicanos que no las explotaron directamente y que parecen haberlas obtenido para especular con ellas. En otros casos las empresas extranjeras obtuvieron contratos para explotar depósitos propiedad de la Comisión de Fomento Minero, es decir, del gobierno. En estos contratos hay cláusulas completamente inadmisibles y lesivas para el interés nacional y del propio gobierno, como la de eximir a las empresas extranjeras del pago de impuestos de exportación que son cubiertos por la propia Comisión de Fomento Minero. Se ha llegado a tal grado de otorgamiento de privilegios a los intereses extranjeros, que la Secretaría de Hacienda ha tenido que otorgar un subsidio a la Comisión de Fomento Minero para hacer frente a su obligación del pago de impuestos por las exportaciones de azufre de las compañías extranjeras.
Finalmente, buena parte de los depósitos de azufre se encuentran en las costas, con lo que se está violando el espíritu del artículo 27 de la Constitución que prohibe a empresas extranjeras operar en una faja de 50 kilómetros de las zonas costeras.
No existe duda, pues, de que hay bases suficientes para proceder a rescatar la riqueza azufrera, cancelando las concesiones y los contratos que ahora favorecen a las empresas extranjeras y explotarlos por una empresa mexicana con participación del gobierno y de los inversionistas mexicanos interesados.♦