Las centrales obreras deben preocuparse por disponer de un equipo de técnicos y de profesionistas que realicen estudios serios y objetivos sobre el costo de la vida y otros problemas que les afecten y que elaboraran índices de precios que correspondieran a la realidad y que así sirvieran de base a sus luchas por lograr mejores salarios y prestaciones justas.
La elevación de los precios, especialmente de los productos de consumo necesario, constituye una verdadera pesadilla para los sectores populares, porque los va despojando de su poder de compra, en una forma más o menos impersonal, a veces un tanto misteriosa e incomprensible para la mayoría de los consumidores, pero despiadadamente eficaz para impedir el mejoramiento de sus niveles de vida.
Los amplios sectores de la población de ingresos más o menos fijos (obreros, jornaleros agrícolas, empleados de oficina, maestros, burócratas, etc.), ven reducirse su capacidad de compra real por efecto de la elevación de precios, la que se ha hecho crónica, permanente, en las últimas décadas de nuestro desarrollo. En los actuales momentos la elevación de precios muestra una marcada tendencia a agudizarse por diversos factores, con lo que las condiciones de vida de los sectores populares se encuentran seriamente amenazadas, lo que será sin duda uno de los factores de mayor influencia en crear un clima de inquietud e inconformidad de la clase obrera y aun de la llamada clase media que también es afectada por el proceso inflacionista que está en marcha.
Los medios de defensa de las clases populares ante la constante elevación de precios son bastante limitados, especialmente en las condiciones que vive nuestro país, por la desorganización en que se encuentran y por la mediatización de parte de sus aparatos de dirección y por la desfavorable posición de fuerza en que se encuentran.
La principal salida para hacerle frente a la elevación de precios es la lucha por lograr aumentos de salarios y prestaciones en una proporción que al menos compense la pérdida que van registrando en su poder de compra real. De esta manera, la elevación de precios da base para que se intensifique la presión popular por mayores ingresos, lo que da por resultado, en la medida que la tendencia alcista de los precios se acelere aún más, lo que a su vez propicia nuevas presiones para la elevación de los salarios. Se desenvuelve así una carrera de alza de precios y de salarios que se va perpetuando y que agrava el proceso inflacionario.
La carrera entre la elevación de precios y de salarios lejos de resolver el problema de los sectores populares de deterioro en sus condiciones de vida, tiende a empeorarlo, ya que los salarios siempre van a la zaga del aumento de precios, por la debilidad en el poder de contratación de la clase trabajadora. La mayor fuerza económica de los sectores capitalistas les permite que ante una elevación de salarios, motivada por la elevación de los precios, aumenten todavía más los precios y acrecienten sus utilidades. El resultado es que los sectores populares van perdiendo terreno en su lucha por al menos mantener su nivel de vida, en tanto que los sectores capitalistas se van enriqueciendo más y más.
Los sectores populares no solamente son despojados de manera visible a través de la elevación de precios, sino mediante otros expedientes que aunque menos perceptibles, son igualmente efectivos para lograr este fin. Uno de estos instrumentos es el de la reducción en la calidad de los productos, sea mediante la adulteración o a través de la utilización de ingredientes o materias primas de menor calidad. Esto, sin contar los medios verdaderamente fraudulentos de reducción de peso, como en el pan, de robos en las básculas y otros instrumentos de medición, de engaños a los consumidores dándoles una calidad inferior a la que desean comprar, como en la carne, etc.
La intervención gubernamental, débil e ineficaz.
La situación de notoria desventaja en que se encuentran los sectores populares en el funcionamiento de la economía cuyo motor esencial es el logro de las mayores utilidades posibles por parte de los sectores capitalistas, y las consecuencias negativas que de ello se derivan para la marcha ascendente de la economía del país, han obligado al gobierno a intervenir en una diversidad de formas para proteger a los sectores de bajos ingresos frente a los abusos y fraudes de que son objeto, así como para estimular la producción de los artículos de primera necesidad.
La intervención gubernamental ha sido útil, sin lugar a dudas, pero le ha faltado una orientación correcta, mayor firmeza, recursos de mayor cuantía y una coordinación adecuada entre los distintos organismos que la tienen a su cargo. Además, buena parte del énfasis se ha dirigido a atender a los centros urbanos, especialmente a la Ciudad de México, desatendiendo injustificadamente al resto de la República. Así, los precios de garantía para productos agropecuarios y las compras de la CONASUPO han adolecido de innumerables deficiencias y han favorecido en gran medida a los grandes productores, así como a los intermediarios que como plaga pululan en los medios rurales; el crédito a la producción ha sido escaso, tardío y caro en términos generales; el control de precios ha sido débil, ha padecido de una penuria increíble, y en general se ha tratado de ejercer sobre los comerciantes al menudeo dejando de lado la distribución al mayoreo que es en donde reside fundamentalmente el problema del acaparamiento y elevación exagerada de los precios.
Los datos oficiales ocultan la realidad.
Como se sabe los movimientos de precios se miden por los llamados “índices de precios” que son calculados por algunos organismos oficiales, como el Banco de México y la Secretaria de Industria y Comercio. Estos índices se refieren a los precios al mayoreo en la Ciudad de México y al costo de la alimentación en la Ciudad de México.
Los índices de precios de estas dependencias no reflejan la realidad de los movimientos de precios en el país, no solamente porque se refieren únicamente a la Ciudad de México, sino porque adolecen de otras deficiencias tanto en su elaboración como en la captación de los datos que les sirven de base. Por una parte, y tomando como base los elaborados por el Banco de México, aunque incluyen la información de 210 artículos, el año que se tomó de base es el de 1954, es decir, hace más de 15 años, y por lo tanto no toman en cuenta los cambios tan importantes que se han producido en ese período en la estructura de la producción y del consumo de nuestro país; tampoco considera el “índice de precios al mayoreo” el renglón de “servicios” que cada vez tiene mayor importancia en la vida de los mexicanos.
Por otra parte, existen serias deficiencias en la captación de los datos sobre los precios por lo que las cifras sobre los cambios reales de los mismos son incorrectas, sobre todo en los artículos de mayor consumo popular. Con frecuencia se toman los datos de los precios oficiales, por comodidad, o porque los comerciantes no proporcionan datos veraces por el temor de ser sancionados.
La incorrección de los índices que elabora el Banco de México salta a la vista cuando se compara la cifra de aumento de los precios al mayoreo en la Ciudad de México en el año de 1968 que según el Banco fue de 1.9%, con el aumento real que no fue inferior a un 5%.
Para los sectores populares es de una importancia esencial la elaboración de índices de precios correctos, porque dichos índices están sirviendo de base en la fijación de los salarios mínimos y en la discusión de aumentos de salarios en general. Si los índices oficiales no revelan los aumentos reales de los precios, sino que los minimizan, los intereses de los trabajadores resultan seriamente lesionados porque los aumentos que pueden lograr son menores que los que les corresponden para protegerse de las pérdidas en su capacidad de compra debidas al aumento real de los precios y para participar en alguna medida en los aumentos de la productividad de su trabajo. De esta manera, la incorrección de los índices oficiales contribuye al mayor despojo de la clase trabajadora.
De las reflexiones y datos que hemos presentado se deduce la necesidad de una política justa hacia los sectores populares que proteja sus intereses frente a los abusos y fraudes de que son objeto por los capitalistas y que asegure un aumento constante de los niveles de vida de los sectores populares. En esa lucha los propios trabajadores deben jugar el papel más importante organizándose mejor, aumentando su combatividad en favor de relaciones obrero-patronales más justas, organizando cooperativas de consumo para eliminar intermediarios, presionando al gobierno para que siga una política revolucionaria de verdadera justicia social, que fortalezca a los sectores populares que son la verdadera base de sustentación de la Revolución Mexicana.♦