El crecimiento económico no ha sido capaz de crear, hasta ahora, suficientes empleos para la población capacitada; la industria ocupa 2 y medio millones de personas que es apenas el 16% del total y su capacidad de absorción cada año de nueva fuerza de trabajo es muy limitada; la agricultura ocupa 7.5 millones, casi la mitad del total, pero una parte importante se dedica a actividades de bajo nivel productivo; más de 3 millones de campesinos trabajan de jornaleros. |
El derecho a “ganarse el sustento” con su propio esfuerzo es seguramente, el más legítimo y fundamental a que puede aspirar toda persona que esté capacitada para trabajar. Y asegurar el ejercicio pleno de ese derecho viene a ser responsabilidad primordial de la sociedad. Más aún, la sociedad que logre garantizar el legítimo derecho al trabajo de sus habitantes asegurará altos niveles de desarrollo y progreso en un clima de tranquilidad social y de libertades.
Inobjetables como son el derecho al trabajo y la necesidad y conveniencia para toda la sociedad de que sean una realidad tangible, la falta de suficientes oportunidades de trabajo remunerado decorosamente, constituye uno de los más serios problemas de los países de economía privada, especialmente de los de menor desarrollo.
La magnitud del problema y su clara tendencia a agravarse, está aumentando el interés de organismos internacionales, de un número creciente de equipos de investigación de los países afectados, por cuantificar el grado de desocupación abierta y de subocupación (desempleo disfrazado) y por encontrar los caminos más adecuados para darle solución satisfactoria. En el ámbito latinoamericano la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) está haciendo encomiables esfuerzos en esa dirección, y en distintos países, entre ellos el nuestro, se están multiplicando esfuerzos similares.
De acuerdo con los cálculos hechos por la CEPAL, en la América Latina en 1969 había una población total de 253.4 millones de habitantes, de los cuáles 83.6 millones formaban la población económicamente activa, es decir, el 33% de la población total. Esto quiere decir que los 83.6 millones de trabajadores tenían que producir para sostener a los 253.4 millones de habitantes de los países latinoamericanos.
La distribución por actividades de la población económicamente activa, era la siguiente: a las actividades agropecuarias se dedicaban 35.3 millones de trabajadores, o sea, el 42.2% cerca de la mitad del total; a la industria manufacturera, 11.5 millones, que representaban el 14% del total; a los servicios, incluido el comercio y las finanzas, 27.6 millones de personas, que representaban el 23.1% de la población económicamente activa total.
Sobre la magnitud del desempleo (abierto y disfrazado u oculto) la CEPAL estimó para 1969 una cifra de 25.4 millones de personas, distribuidos como sigue: en el sector agrícola, 11.5 millones de personas; en la industria manufacturera, 1.9 millones de trabajadores; en el comercio y finanzas, 1.6 millones de personas; en “otros servicios”, 5.2 millones; en “actividades no especificadas”, 4.7 millones de personas desocupadas.
Como se puede apreciar, la desocupación en la América Latina alcanza proporciones muy elevadas, ya que más de 25 millones de personas no tienen empleo o se ocupan de actividades de muy escasa productividad. Los sectores en donde la desocupación es más alta son en primer lugar, la agricultura, con más de 11 millones de desocupados; los servicio, con cerca de 7 millones y la industria manufacturera con cerca de 2 millones de trabajadores sin empleo.
Si estos 25 millones de personas fueran empleados adecuadamente ¿podríamos imaginar la aportación que harían a la producción de máquinas, vehículos, telas, calzado, alimentos, etc., y a la prestación de los innumerables servicios que requieren los pueblos de nuestra región para mejorar sus niveles de vida? ¿puede haber estabilidad política y progreso sostenido si se desperdicia una parte importante de la mayor riqueza de nuestros países que es su población trabajadora?
México también tiene problema ocupacional serio
El crecimiento de la economía mexicana, que sin duda ha sido importante, superior al 6% anual en promedio, no ha sido capaz, sin embargo, de crear suficientes empleos remunerados para su población trabajadora. La desocupación ‘abierta’ alcanza proporciones considerables y el desempleo disfrazado u oculto, es todavía mayor.
En 1969, la población económicamente activa del país alcanzó la cifra de 15.4 millones de personas, que se distribuían en las actividades principales, como sigue: sector agropecuario, 7.6 millones de personas, o sea, el 49%; industria de transformación, 2.5 millones, es decir, el 16%; comercio, 1.6 millones, el 10%; otros servicios, 2.7 millones, o sea, el 17%.
Como se ve, todavía una fuerte proporción de la población económicamente activa se dedica a las tareas agropecuarias, que en parte importante son de baja productividad; la industria, con todo y el crecimiento que ha registrado, solamente ocupa el 16% de la población trabajadora; los servicios, por su parte, muchos de los cuales también son de baja productividad, ocupan una proporción elevada de la clase trabajadora.
Ahora bien, en todas las actividades económicas la subocupación es considerable, especialmente en la agricultura y en los servicios. Algunas estimaciones, por ejemplo, muestran que la subocupación en la agricultura es del orden de cerca de 4 millones de personas, es decir, casi la mitad de la población económicamente activa en ese sector. Esto significa que si de las actividades agropecuarias se retiraran 4 millones de personas, no descendería la producción, porque esos trabajadores son redundantes. Como se sabe, las actividades rurales se realizan en una alta proporción durante unos tres o cuatro meses al año, con técnicas atrasadas (en las tierras de temporal, principalmente) y con exceso de trabajadores por hectárea de labor, lo que significa que se desperdicia mucha mano de obra, lo cual aunque aparentemente se encuentra ocupada, de hecho sólo trabaja parcialmente y con baja productividad.
Otra estimación, elaborada por la CEPAL, índica que de 11.3 millones de personas que formaban la población económicamente activa en el país, alrededor de 4.5 millones estaba dedicada a actividades de baja productividad. De ellas, correspondían al sector agropecuario 2.3 millones, a la industria 1.1 millones, a los servicios 356 mil, y a otras actividades 713 mil personas. Esto indica que la subocupación afecta a 40% de la población económicamente activa.
Lo alarmante del caso es que el problema tiende a acentuarse, porque el dinamismo de la economía no es lo suficiente intenso para crear el número de empleos que se requieren para asegurar una ocupación decorosamente remunerada para la población trabajadora del país. Para 1990, por ejemplo, con una población total estimada en 72 millones de habitantes, y una población trabajadora de 22 millones de personas, será necesario crear 7 millones de nuevos empleos, más una cantidad adicional que se necesita para dar ocupación a los que ahora carecen de trabajo, y a los que están dedicados a actividades de baja productividad.
Tenemos aquí una de las tareas más urgentes e importantes de la Revolución Mexicana: garantizar el derecho al trabajo a la población apta para laborar, y en condiciones de remuneración decorosas. De ello depende el progreso y la tranquilidad social del país. ♦