Ante la embestida de los sectores privilegiados que no quieren aceptar las medidas dictadas por el gobierno de las clases populares.
Aumentará los gastos del gobierno, frenará la publicidad excesiva, desalentará los gastos de consumo y reducirá la concesión de franquicias.
¡La reforma fiscal debe aplicarse con energía¡
Lo verdaderamente importante que se está perfilando en el nuevo gobierno no es la incorporación de un fuerte contingente de funcionarios jóvenes, ni tampoco las jornadas prolongadas de trabajo que tienden a incluir hasta los fines de semana; lo que tiene la mayor relevancia es el nuevo estilo de gobierno que consiste en no soslayar los grandes problemas nacionales y buscar caminos que puedan resolverlos en un plazo razonable, para asegurar un desarrollo económico independiente y con justicia social.
En el breve plazo de tres semanas el nuevo gobierno ha dado algunos pasos que parecen indicar un rumbo distinto a la política económica del país, no obstante lo fragmentario de las medidas hasta ahora anunciadas, y que todavía no conocemos las formas concretas en que se van a poner en vigor.
Las principales ideas generales que conformarán la política económica gubernamental durante el sexenio que se inicia, según se desprende de los planteamientos del Discurso Inaugural, de las iniciativas de ley presentadas al Congreso, de la magnitud y composición del Presupuesto del Gobierno Federal y de las declaraciones del señor secretario de Hacienda (noche del día 19 del presenta), parecen ser las siguientes:
1.- Mantener una conveniente tasa de crecimiento de la economía nacional, con apoyo en la movilización máxima posible de los recursos internos y buscando que los frutos del esfuerzo nacional se distribuyan de manera equitativa.
2.- Corregir el desequilibrio del Comercio Exterior, con una política vigorosa de fomento de las exportaciones, por una parte, y con un control más riguroso de las importaciones para restringir las de carácter no indispensable, acompañado de una más firme política de sustitución de importaciones de tipo básico y necesario, por la otra.
3.- Reducir sustancialmente el endeudamiento exterior porque ha llegado a un punto peligroso y porque el endeudamiento no es el camino más conveniente para sustentar el desarrollo económico nacional, ni siquiera para nivelar la Balanza de Pagos.
4.- Fortalecer la posición financiera del Sector Público para que esté en condiciones de cumplir con las grandes tareas derivadas de los postulados revolucionarios contenidos en la Constitución de 1917, que no son otros que los de asegurar un desarrollo económico acelerado, independiente y para beneficio de las mayorías.
5.- Mejorar la distribución de los ingresos, aumentando los de los sectores populares, que hasta ahora han recibido muy pocos beneficios del crecimiento de la economía nacional.
6.- Evitar en la medida de lo posible la dilapidación de recursos, restringir los gastos suntuarios de las clases adineradas, combatir la corrupción en el sector público, y reducir el contrabando.
Se requieren cambios a fondo.
La aplicación consecuente de una política económica con los ingredientes señalados, no es una tarea fácil, porque requiere cambios fundamentales sobre todo en la estructura del poder económico y político prevaleciente en el país. Las metas señaladas no podrán lograrse si se deja vigente la estructura económico-social actual, limitándose a la aplicación de medidas débiles, titubeantes, y superficiales, de quitar un poquito de aquí y agregar un poquito allá, para no afectar los intereses creados, de los grupos financieros poderosos nacionales y extranjeros, ya que son precisamente esos intereses los principales responsables de los serios problemas que estamos padeciendo.
Los hechos nos dan la razón en este planteamiento. Mientras el programa del nuevo gobierno se encontraba en la etapa de simples planteamientos mereció el aplauso entusiasmado de los grupos financieros poderosos de dentro y de fuera, aplausos que se hicieron aún más calurosos cuando en los primeros días se hicieron declaraciones oficiales de que no se aumentarían los impuestos, ni las cuotas del seguro social, y que parecía que nada iba a cambiar. Igual reacción se produjo cuando se anunció el aumento de los precios del azúcar: los grupos del gran capital aplaudieron la medida, sin reservas.
La actitud de los grandes grupos del poder económico cambió cuando el gobierno se decidió a poner en práctica algunos cambios de tipo fiscal, que aunque no son de tipo radical, pueden afectar los intereses de esos sectores poderosos. Uno a uno los representantes de las organizaciones de presión del sector capitalista han ido manifestando su desagrado por la adopción de esas medidas, llegando en algunos casos hasta el chantaje de que se interrumpirá el diálogo entre los empresarios y el gobierno y la amenaza velada de que por ese camino no habrá colaboración de su parte.
Además de demostrar que con oligarquía no será posible avanzar por el camino democrático e independiente, la reacción que de su parte ha provocado la decisión del gobierno de reducir los privilegios de que han disfrutado, reviste un gran interés porque en su enfrentamiento están utilizando una serie de argumentos demagógicos que tienden a confundir a la Opinión Pública, lanzarla contra el gobierno y lograr sus propósitos de obstaculizar y de ser posible anular la acción oficial en la dirección que se está proyectando. Vale la pena comentar algunos de esos argumentos que a pesar de su aparente justeza, son del todo deleznables y descubren con claridad el móvil que los inspira.
Efecto inflacionario de los nuevos impuestos.- Aprovechando la actitud que por diversas razones todo mundo tiene contra el pago de impuestos y sobre todo contra el aumento de los mismos, los representantes de los grupos oligárquicos se han lanzado a una campaña en contra de la aprobación por el Congreso de las reformas a algunos de ellos, argumentando que tendrán un carácter marcadamente inflacionario (de elevación de precios), además de que desalentarán la inversión.
Es hasta grotesco que ahora los grandes capitalistas se preocupen por el aumento de precios y pretendan constituirse en defensores de los consumidores, ya que son precisamente ellos quienes aprovechan cuanta posibilidad tienen a la mano para elevar los precios y derivar utilidades mayores. Los hechos demuestran que hemos padecido un proceso inflacionario desde la Segunda Guerra Mundial y que los principales responsables, son los capitalistas que de ello han derivado enormes beneficios. En verdad, hemos padecido una inflación de utilidades, lo que tiene una manifestación concreta en el hecho de que los capitalistas reciben entre el 40 y el 45 por ciento del ingreso nacional, proporción que es de las más elevadas en el mundo.
Las reformas fiscales que están en marcha no necesariamente harán subir los precios, y sí permitirán al gobierno aumentar los recursos disponibles para cumplir mejor con sus funciones en interés nacional. Tampoco desalentarán la inversión productiva de manera inevitable. Con los márgenes de utilidades con que operan los empresarios, sobre todo los grandes, están en capacidad perfecta de absorber el monto de los incrementos de impuestos, y también de seguir invirtiendo con alta lucratividad. Es bien conocido que la tasa de utilidades supera el 35 y el 40 por ciento, lo que deja un margen apreciable para que el Estado derive un 5 o un 10 por ciento adicional, sin afectar el estímulo a la inversión. Si nuestros capitalistas, que reiteradamente dicen estar dispuestos a colaborar en el desarrollo del país, no se conforman con el “módico” 30 por ciento, están demostrando que no tienen realmente interés en contribuir al desarrollo económico nacional, sino que lo único que persiguen es enriquecerse desmesuradamente a costa del público.
No cabe duda de que estamos viviendo un momento de gran trascendencia nacional. La Opinión Pública debe analizar con todo sentido de responsabilidad la importancia de los cambios que el gobierno está tratando de lograr, y no dejarse desorientar por las argumentaciones falaces de los grupos financieros que han usufructuado la riqueza nacional. La actitud que los mexicanos debemos adoptar en esta coyuntura no puede ser otra que la de respaldar al gobierno en todo aquello que signifique un verdadero avance democrático y de fortalecimiento de la independencia económica nacional. Proceder en otra forma puede significar hacerle el juego a los intereses creados y aunque inconscientemente, y de buena fe, contribuir a mantener la difícil situación económica en que vive nuestro pueblo.♦