Dejar a las fuerzas vivas con libertad de acción sería tanto como ponerles la mesa para mayor explotación.
En los últimos días se ha estado discutiendo el problema del control de precios. El origen de las discusiones fue la petición hecha al presidente de la República por la Confederación de Cámaras de Comercio (CONCANACO) en fecha reciente, de que sea abolido el control de precios sobre una serie de artículos de primera necesidad “de los que existiera abundancia”.
La petición de la CONCANACO ha causado verdadera alarma entre los sectores populares porque la propaganda interesada ha hecho creer que el gobierno había accedido ya a los deseos de esa organización empresarial y que a partir del 1° de septiembre se removerían los controles de precios de una amplia serie de artículos de consumo necesario. La alarma está plenamente justificada porque de tomarse esa medida seguramente que subirían los precios y ello mermaría aún más el ya reducido poder de compra de amplios sectores de la población.
Como existe una gran confusión, que ha sido creada por los órganos y medios publicitarios y propagandísticos de sectores con intereses creados, consideramos útil exponer algunas ideas y aportar algunos datos que puedan contribuir al esclarecimiento de tan importante problema.
¿Qué significado tiene el control de precios? ¿Por qué se establece y que fines persigue? ¿Logra sus fines o son intervenciones que además de molestas son ineficaces para lograr sus objetivos? Estas y otras preguntas semejantes surgen frente a este problema.
Lo primero que debe quedar bien claro es que en el sistema de economía que nos rige, el móvil de los empresarios e inversionistas es obtener utilidades máximas. Se opera con el propósito de lograr las mayores ganancias y de paso para satisfacer las necesidades de la sociedad, siempre que estas necesidades se manifiesten en forma de poder de compra. Sino existe capacidad de compra de la población, el empresario no está interesado. Su meta fundamental (y para muchos, la única) es lograr el máximo lucro posible.
El móvil de la ganancia máxima que impulsa al empresario es responsable de que no se atiendan las mil y una necesidades populares para las que no existe capacidad de compra, y de que en cambio se empleen enormes recursos para producir bienes de lujo o no-necesarios para satisfacer la demanda expresada en dinero o poder de compra, de parte de los ricos. Mientras que con frecuencia no hay maíz suficiente, ni zapatos y aún ni huaraches al alcance de los campesinos y gente del pueblo, se dilapida la riqueza nacional en costosos vinos, whiskis, automóviles de lujo, joyas, perfumes, cosméticos y hasta opio y marihuana.
El mismo móvil lleva a muchos empresarios a incurrir en verdaderos atracos al público mediante la especulación con alimentos, el acaparamiento de cosechas, la adulteración de productos y el engaño en los pesos, medidas y calidad de las mercancías. Si se les dejara completa libertad de acción, la sociedad (sobre todo los millones de gentes de bajos ingresos) estarían indefensos frente a su afán de acumular riquezas con la mayor celeridad.
Por estas razones se ha hecho necesario que el gobierno imponga ciertas limitaciones a la libertad de los empresarios de “esquilmar al público”, y también por esas razones ciertos grupos del sector empresarial son tan sensibles a esas intervenciones de parte de las autoridades y luchan por todos los medios a su alcance para evitar, deformar o hacer nugatorios los controles que se establecen.
Es evidente por lo tanto, que en el fondo del problema de remover los controles de precios se encuentra la lucha de los grupos oligárquicos por tener la libertad irrestricta de explotar al consumidor y para aumentar sus ya crecidas fortunas. Y es claro también que la defensa de los controles de precios tiene el significado social de proteger los intereses populares, frente al desenfreno de los acaparadores y monopolistas que sólo piensan en enriquecerse a toda costa.
Como sucede con muchos otros planteamientos de los plutócratas, el caso de su lucha por eliminar los controles de precios es presentado en términos del deseo de contribuir al bienestar y mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
Afirman que la eliminación del control de precios se traduciría en un aumento sustancial de la producción de los artículos de primera necesidad, lo que actualmente no se puede lograr por las limitaciones impuestas por el gobierno al libre juego de la oferta y la demanda. La libertad irrestricta conduciría, según estos grupos interesados, a la abundancia y ello favorecía a los consumidores.
Este es el argumento clásico de los grandes monopolistas para impedir la imposición de controles y para atraer la simpatía o al menos la pasividad, de la opinión pública. Lo peor es que con frecuencia han conseguido su objetivo, desorientado engañosamente hasta a los sectores populares que luego son las primeras víctimas de las falacias utilizadas.
La verdad es muy otra. En el mundo actual no es cierto que la libertad de acción de las “fuerzas vivas” conduzca a la abundancia. Las actividades económicas se encuentran dominadas por monopolios que han logrado el poder suficiente para determinar las condiciones del mercado. Ya no existen condiciones de libre concurrencia en los mercados, en donde los precios se establecían por la acción de multitud de pequeños o medianos productores por un lado y de infinidad de consumidores por el otro. Su aumento estimulaba a los empresarios a elevar la producción y su descenso desalentaba dicha producción.
Los precios son ahora, en general, precios dirigidos, regimentados, fijados por pequeños grupos de grandes monopolistas, que tienen la fuerza suficiente para hacerlo. Son el resultado de las decisiones de los monopolistas, quienes los manejan a su conveniencia para obtener utilidades máximas. Y lo que interesa a los monopolistas no es precisamente aumentar la producción sino su tasa de utilidades, lo que generalmente consiguen restringiendo la producción. Su objetivo no es producir mucho, sino ganar mucho y esto lo logran manteniendo la escasez en el mercado. La abundancia más bien los perjudica porque les abate los precios y la tasa de sus utilidades.
Ha habido ocasiones que en forma violenta se ha presentado el fenómeno de la destrucción de productos para mantener los precios en alto nivel. Enormes cantidades de trigo, de café, patatas, etc., han sido convertidas en cenizas con ese objeto, no obstante existir millones de seres con hambre que podían haberse beneficiado con esos productos. Todo para mantener los precios y satisfacer el deseo de lucro de los monopolistas.
Si la conducta de los monopolistas fuera otra (¿sería pedirle peras al olmo?) se podrían producir grandes cantidades de artículos para mejorar el consumo de las masas populares, ya que existe capacidad que ahora no se utiliza “por falta de mercado”. Por ejemplo ¿no podrían producirse zapatos y un sinnúmero de productos utilizando la capacidad ociosa de muchas fábricas y vendiéndolas a precios que los pusieran al alcance de millares de consumidores que ahora se privan de ellos por su alto precio? Ciertamente que se podría hacer, siempre y que los productores se conformaran con tasas menores de utilidades y no se guiaran por su desmedido afán de lucro.
Sin incurrir en pérdidas, con utilidades, aumentarían su producción y beneficiarían a gran cantidad de familias que ahora no pueden pagar los elevados precios que los monopolistas fijan a esos productos.
No es cierto, pues, que la eliminación de los controles sobre los precios vaya a elevar la producción. Los altos precios actuales para muchos productos no han hecho “el milagro” de crear la abundancia. Sólo han servido para que los monopolistas se hagan más ricos explotando a los consumidores.
Frente a este problema no podemos menos que preguntarnos ¿Cuál es el límite del afán de lucro de ciertos sectores de grandes negociantes en nuestro país? Se quejan de falta de estímulos para sus operaciones y atribuyen a ello las escaseces que se registran en una serie de productos, especialmente de artículos de consumo popular. Si en algún país están en jauja, ese país es México. Las tasas de utilidades que logran los empresarios son verdaderamente exageradas. Como ejemplo tenemos los datos correspondientes al año de 1963 por un grupo selecto de grandes empresas, datos que fueron publicados el 11 de marzo de este año por el importante diario El Día, de la Ciudad de México.
Banco de Cédulas Hipotecarias, 47% sobre capital y reservas; Cía. Cigarrera La Moderna, 29.5%; Crédito Hipotecario, 28%; Sanborn’s Hermanos 26%; Bacardí y Cía., 26% y Fábricas Auto-Méx. Aunque se desconocen las cifras de las utilidades de los negocios especulativos, de acaparamiento de cosechas y otras similares por medios indirectos se puede estimar que son del orden de más de 50% anual. ¡Y todavía no están satisfechos y quieren eliminar toda intervención que limite “su libertad” para elevarlas al 100% o más!
No se justifica de ninguna manera, pues, la demanda de la CONCANACO. Antes al contrario, lo que debe hacerse es estrechar más los controles y hacerlos más eficaces. Se requiere el empleo de más recursos para administrarlos, pagar bien a los funcionarios e inspectores encargados de aplicarlos y aumentar el personal utilizado con ese fin. Esto sin descuidar el fomento en la producción por todos los medios posibles y la adopción de medidas para aumentar los ingresos de las masas populares.♦