Los Estados Unidos, campeones de la libre empresa, están proyectándose ya hacia una economía controlada, obligada por la crisis. A semejanza de los tiempos de guerra, han establecido controles sobre los precios, los sueldos, los salarios, las rentas y dividendos. Dos nuevos organismos tienen a su cargo esos controles: la Comisión de Precios, instrumento tripartita de 15 miembros y el Consejo de Pagos. Paradójicamente, en México la IP lucha por la libre empresa y se opone a la intervención del gobierno en la economía. ¿Por qué esa actitud? |
El sistema de “libre empresa” se encuentra en un franco proceso de extinción: los Estados Unidos mismos, ciudadela de ese sistema, se han visto obligados a intensificar la intervención gubernamental en la economía debido al fracaso manifiesto del régimen de “iniciativa privada” para resolver los problemas de la Sociedad.
Ya no sólo en tiempos de guerra, sino también en condiciones de una economía de paz, el sistema de “libre empresa” está necesitando de una creciente intervención estatal para mantenerse a flote. Las franquicias y estímulos fiscales, los cuantiosos gastos militares, los grandes contratos y otros instrumentos de apuntalamiento del Gobierno a favor de la iniciativa privada ya no bastan para lograr imprimirle el suficiente dinamismo a la actividad económica, y augurar la ocupación plena de recursos naturales, humanos y financieros; se requieren más y más de nuevas intervenciones estatales para que la economía logre marchar con cierto dinamismo.
La “Nueva Política Económica” puesta en marcha por el Presidente Nixon en agosto del año pasado es un nuevo expediente del gobierno norteamericano para apuntalar el sistema de “libre empresa” a efecto de que pueda sortear los difíciles problemas por los que está atravesando.
Pueden distinguirse tres jalones en la aplicación de la Nueva Política Económica, hasta ahora: Primera Fase, puesta en vigor a partir del 16 de agosto de 1971, que se conoce como “la congelación” y que consistió de las siguientes medidas: 1) congelación de precios, sueldos, salarios, rentas y comisiones, a niveles no superiores a los alcanzados en los últimos 30 días inmediatamente anteriores al 16 de agosto, vigente por un periodo de 90 días. 2) establecimiento de una sobretasa del 10% sobre la importación de productos manufacturados, con algunas excepciones ente las cuales figuraban los productos sujetos a cuota de importación (azúcar, textiles y otros). 3) reinstauración del sistema de créditos fiscales a favor de los empresarios para la compra de maquinaria precisamente en los Estados Unidos, y 4) suspensión, por tiempo indefinido, de la convertibilidad del dólar en oro, sin fijar un tipo de cambio entre el dólar y las demás divisas, es decir, dejándolo “flotar” en los mercados de cambios.
Las medidas de la Primera Fase tuvieron dos objetivos muy claros: la meta principal era fortalecer la economía norteamericana para superar la situación de crisis en que se encontraba; el otro objetivo consistía en fortalecer la Balanza de Pagos y al dólar, y disponer para ello de poderosos instrumentos de negociación en escala internacional para presionar al Japón y a otros países importantes a que revaluaran sus divisas y reajustaran sus políticas de comercio en condiciones aceptables para los Estados Unidos.
Los grandes estímulos que se otorgaron a los empresarios lograron en alguna medida estimular la actividad económica y atenuar la crisis. La producción industrial detuvo su caída, logrando algunos avances, aunque ligeros; la tasa de desempleo dejó de aumentar y se redujo un poco, del 6.2% al 5.8%; el índice del costo de la vida atenuó su ritmo de aumento; los salarios se mantuvieron aproximadamente al mismo nivel que habían alcanzado al iniciarse la “congelación”; las ventas de productos finales aumentaron, especialmente las de automóviles, y el comercio exterior dejó de ser deficitario, para registrar algún superávit.
En escala internacional las medidas de la Primera Fase tuvieron un impacto apreciable: al desligarse del oro, el dólar sufrió un proceso devaluatorio frente a las principales divisas mundiales, que lo hizo descender en su capacidad de compra en alrededor de un 7 y 8%; la flotación del dólar y su inconvertibilidad en oro, introdujeron nuevos elementos de desajuste del comercio mundial y en los mercados cambiarios y de capitales; la sobretasa del 10% provocó contracciones en las ventas a los Estados Unidos, de parte de muchos países. Estos resultados contribuyeron a “ablandar” al Japón y a los principales países de la Europa Occidental, respecto a las exigencias norteamericanas.
Segunda Fase: Conforme fue avanzando la aplicación de las medidas de la Primera Fase se fue constatando que al terminar los 90 días de “la congelación” de precios y salarios no podría volverse a la situación anterior al 16 de agosto, porque si bien se estaban logrando algunos resultados favorables en el combate de la crisis y de la inflación, no se habían resuelto las dificultades básicas, sino que más bien se habían aplazado y podían manifestarse de nuevo y con mayor intensidad al terminar la congelación. Fue así como el Gobierno norteamericano decidió continuar sus medidas de control, pero sin llegar al sistema rígido de congelación sino con un programa más flexible: se adoptó el llamado plan de estabilización. Los principales rasgos de este plan son los siguientes:
1) se fijó una meta para controlar los precios durante el año de ’72, permitiendo aumentos del 2 al 3% como máximo; se exceptuaron del control de precios a algunos renglones, como las acciones y bonos, productos agrícolas y del mar no procesados, todo artículo que se exporte y que se importe, los productos de segunda mano, las rentas de casas nuevas o reconstruidas, y otros semejantes. 2) se estableció la exigencia a las empresas comerciales de fijar en lugar visible la lista de los precios de venta de sus artículos. 3) en materia de sueldos y salarios se fijó una meta general de no permitir aumentos durante el año de 1972 superiores al 5 y 6% y en casos especiales, hasta de un 7%. 4) para el manejo de los controles se crearon dos nuevos organismos: el Consejo de Pagos, encargado del control de sueldos y salarios, formado por 15 miembros, con representaciones iguales del Gobierno, los empresarios y los trabajadores, y la Comisión de Precios, formada por 7 miembros, sin representación obrera. 5) se dejaron en vigor la sobretasa del 10%, la inconvertibilidad del dólar en oro y la cláusula que estableció la exigencia de comprar en los Estados Unidos la maquinaria objeto del crédito fiscal. Estas medidas fueron canceladas a mediados de diciembre de 1971 al llegarse a un acuerdo con el “Grupo de los 10” y devaluarse el dólar respecto al oro —de 35 a 38 dólares la onza— y revaluarse de un 12% a un 16% las monedas de varios países importantes.
La aplicación de la Segunda Fase o de estabilización, está enfrentándose a una serie de problemas derivados principalmente del trato inequitativo que reciben los trabajadores y los consumidores, frente a las grandes ventajas que reciben los capitalistas. Y es que toda la Nueva Política Económica de Nixon tiende a favorecer al sector empresarial, porque descansa en la idea de que para salir de la crisis es indispensable asegurar mayores utilidades a los inversionistas y eso quiere lograrse a costa de los trabajadores y del público consumidor en general.
Todo parece indicar que la economía norteamericana ha llegado a un punto difícil en que no podrá operar sin una creciente intervención gubernamental para asegurarles a los capitalistas las utilidades que los mueven a invertir. De esta manera, es probable que los Estados Unidos estén marchando hacia una “economía regimentada” ya no solamente por los monopolios, sino con la ayuda cada vez mayor del gobierno. Pero ello tenderá a intensificar la lucha social que puede conducir al fascismo, una vigencia muy temporal, al menos temporalmente, hasta que la acción de las fuerzas democráticas, principalmente los trabajadores, logre cambiar de raíz el sistema de iniciativa privada de lucro, por uno que se oriente hacia la solución verdadera de los problemas de trabajo, bienestar y libertad de la Sociedad Norteamericana. Sólo entonces las crisis desaparecerán y la intervención gubernamental servirá a los intereses del pueblo.♦