Los gobiernos de la revolución son los culpables de haber protegido y fomentado el latifundio, pero es urgente rectificar el camino: la pobreza campesina lo reclama.
En el caso de las explotaciones ganaderas se ve con toda claridad que el latifundio no solamente es una forma de propiedad condenable desde el punto de vista político y moral, por significar concentraciones de riqueza en detrimento de los muchos que carecen de ella, sino muy especialmente condenable desde el punto de vista económico, porque es una forma de organización ineficiente y descapitalizadora.
El latifundio ganadero (como el de los estados del norte del país) frena el desarrollo de la ganadería, impone condiciones inequitativas a los ganaderos ejidales y pequeños propietarios, convierte a la actividad ganadera en un simple comercio de animales de escasa edad y peso, no contribuye al abastecimiento de los mercados nacionales y sirve de base a la consolidación de grupos monopolistas ampliamente ramificados que comprenden además de la ganadería misma, las explotaciones forestales, la industria, la banca y el comercio.
Los latifundios son ciudadelas de la contrarrevolución y los obstáculos mayores para que se desenvuelvan las formas revolucionarias de propiedad y organización de la tierra y de las actividades agropecuarias: el ejido, individual y colectivo, y la genuina pequeña propiedad. En tanto subsistan los latifundios la revolución no habrá realizado uno de sus ideales más caros: emancipar al campesino (económica y políticamente) y aumentar la riqueza y el ingreso del país.
La revolución tiene ante sí la tarea impostergable de liquidar al latifundio como una condición para impulsar el desarrollo con justicia social. No existe otra alternativa, sino sustituir el latifundio, que no es sino una manifestación de la concentración del poder económico que explota a los sectores populares y que impide el progreso de la Nación, por las instituciones revolucionarias, como lo señala la letra y el espíritu reivindicador de nuestra constitución y leyes revolucionarias emanadas de ella.
El gobierno protector de latifundios
Por una u otra razón la política del gobierno en los últimos 25 años ha sido, en términos generales, extremadamente favorable a los latifundios ganaderos. Se reformaron las leyes agrarias en su favor, administrativamente se ha actuado con demasiada parcialidad y las instituciones gubernamentales se han puesto a su servicio.
Para completar el marco de la política gubernamental, se ha mantenido en el abandono más completo al ejido y a la pequeña propiedad, dejándola a merced de la hostilidad de los grandes latifundistas ganaderos-comerciantes-industriales-banqueros. En ocasiones algunas autoridades también han seguido una política de franca hostilidad hacia el ejido y la pequeña propiedad.
Se puede decir, en una palabra, que las formas revolucionarias han recibido la acción en fuego cruzado, de los sectores del poder económico y de las autoridades. Veamos algunos ejemplos que pueden ilustrar hasta la evidencia nuestra afirmación.
Reformas contra-revolucionarias.— Durante el gobierno de Miguel Alemán (Diario Oficial del 9 de octubre de 1948) se amplió de 200 a 500 el número de cabezas de ganado mayor que formarían las explotaciones ganaderas de la “pequeña propiedad”. Aún más, la benevolencia administrativa sancionó la interpretación de los latifundistas, en el sentido de que se trataba de 500 cabezas de ganado de vientre, lo que elevó considerablemente el total de cabezas de la llamada pequeña propiedad, y consiguientemente las extensiones de tierra a que tenían derecho según las leyes.
Como medida complementaria, se otorgó el “recurso de amparo en materia agraria” creándose con ello el instrumento para la consolidación de los latifundios.
Otro cambio que contribuyó a ampliar los latifundios fue el de tomar como base la capacidad forrajera de las tierras y no la potencialidad agrostológica de los mismos. Lo peor del caso es que con este nuevo criterio se propició la descapitalización de las tierras porque mientras menos pasto produjeran sus terrenos, serían acreedores a mayores extensiones. Los latifundistas vieron en ello un estímulo a no invertir y hacer más productivos en pastos sus tierras, sino más bien a utilizarlos tal como se encontraban, aunque se agotaran. Se premió así la ineficiencia y el abandono, con serios perjuicios para la riqueza nacional.
Acción administrativa pro-latifundios.— Por infinidad de medios algunas autoridades han protegido al latifundio ganadero. Destaca desde luego la generosidad de las concesiones de inafectabilidad permanente y temporal y la manifiesta contemporización de algunas autoridades en el incumplimiento de la obligación en el caso de las últimas, de cubrir el 2% de las crías a favor de los ejidos. Solamente en Chihuahua se otorgaron concesiones familiares que llegaron a rebasar las 100 mil hectáreas y se estima que no menos de 15,000 crías han dejado de ser entregadas a los ejidos, por concepto del 2% establecido por la ley de concesiones.
En otro aspecto, también muy importante, el del crédito, la política gubernamental ha sido francamente favorable a los latifundistas. Tomemos dos casos: el otorgamiento de créditos a la banca privada y el de las operaciones del Fondo de Fomento de Ganadería y la Avicultura que maneja el Banco de México.
Es bien sabido que existen normas establecidas por el Banco de México para canalizar el crédito de los bancos privados preferentemente hacia las actividades productivas. Sin embargo, el control ejercido para que se de cumplimiento a estas disposiciones ha sido poco eficaz, al grado de que se aceptan como créditos a la ganadería los otorgados a los grandes latifundistas ganaderos, no obstante que el grueso de esos créditos son utilizados en realidad para controlar el comercio del ganado. No se requeriría mucho esfuerzo para comprobar que estos créditos son de tipo mercantil y no sirven para estimular la producción, sino para consolidar el monopolio comercial. Los bancos son, de esta suerte, con el beneplácito de las autoridades bancarias, la fuente de fondos para fortalecer la especulación y el monopolio, en contra de los ejidatarios y pequeños ganaderos para las que no existen facilidades crediticias.
El otro caso lo tenemos, como hemos indicado, en la forma de operar del Fondo de Fomento de la Ganadería. En las operaciones que ha realizado para alentar la producción pecuaria de los ejidos de Chihuahua, se ha apoyado al Banco Comercial Mexicano, precisamente el núcleo financiero de los latifundistas y monopolistas que controlan la riqueza del Estado.
El resultado no ha sido otro que el de aumentar los recursos de los latifundistas, para sujetar aún más al sector ejidal. De dos créditos que se operaron, uno por 15 millones de pesos y otro por 9 millones, no llegó a los ejidos ganaderos un solo centavo. Utilizando argumentos conocidos, los latifundistas-banqueros lograron emplear ese dinero para aumentar sus negocios. ¿No devela este proceder por parte del Fondo (es decir, del Banco de México) poco o ningún interés verdadero por hacer llegar los beneficios de su acción a los auténticos productores y a los que más lo necesitan? Y por si quedara duda (porque pudiera considerarse que el Fondo procedió así por “falta de información”), veamos la forma en que está procediendo con otras operaciones de crédito a los ejidos del mismo Estado.
Un grupo de ejidos ganaderos que están operando con gran éxito en forma de grupos solidarios, gracias a su buena organización y dirección, lograron interesar a un banco privado (de los pocos que no giran alrededor de la órbita de los grandes latifundistas) para que operara con ellos. Los resultados fueron tan buenos que cada año aumentaron las cantidades utilizadas, aunque todavía insuficientes para constituir la base del desarrollo en gran escala de las actividades de esos ejidos.
En las primeras operaciones, el Fondo otorgó su apoyo, mediante el redescuento de los documentos respectivos. Pero cuando, estimulados por el éxito lograron, tanto los ejidatarios como el banco privado se lanzaron a planes de mayor envergadura que incluían la producción de ganado de carne en gran escala, la constitución de una cuenca lechera, la inversión en obras de mejoramiento técnico, y hasta la explotación forestal, el Fondo y el Banco de México retiraron drásticamente su apoyo. Simultáneamente la Comisión Nacional Bancaria se tornó muy activa auditando rigurosamente las operaciones del banco que estaba operando con los ejidatarios. Las cosas han empeorado al grado de que no solamente se encuentran en peligro de suspenderse todas las operaciones con los ejidatarios, sino la existencia misma del banco, se encuentra en jaque, como institución independiente.
La conducta del Fondo de Fomento de la Ganadería (Banco de México) y de la Comisión Nacional Bancaria es francamente hostil al ejido y a las pocas instituciones de crédito (será porque son chicas e independientes de la oligarquía) que se atreven a otorgar su apoyo a las organizaciones ejidales. Si aquellos organismos del gobierno estuvieran animados de los ideales de la revolución auspiciarían todo lo que contribuyera a fortalecer la economía ejidal y de la pequeña propiedad genuina.
Ante estos hechos no se puede sino pensar que en la base de la política gubernamental (o de algunos sectores del gobierno) están presentes fuertes presiones de los latifundistas, es decir, de la oligarquía, que trata de impedir a toda costa el éxito de la Revolución. Y hemos de lamentar que hasta ahora, en lo fundamental, han logrado su propósito. Ello explica la pobreza campesina y los “tropiezos y fracasos” de la Reforma Agraria.♦