José Luis Ceceña
Economista de la Universidad Nacional de México.
Catedrático de Moneda y Banca en la Escuela Nacional de Economía, de la Universidad Nacional de México.
Ha sido economista de la Secretaría de Economía, de la de Hacienda y de la Organización de las Naciones Unidas.
Se trata, sin duda alguna, de uno de los intelectuales mexicanos más brillantes en la hornada presente. Su autoridad en la materia que domina ha recibido amplio, claro reconocimiento continental.
Sus trabajos son acogidos con beneplácito en institutos de economía superior de diversos países en el mundo.
Una vez más, ahora en el bello puerto de Mazatlán, la Asociación de Banqueros celebrará su reunión anual, en el próximo mes de abril. En esta ocasión, como se ha hecho costumbre, el Secretario de Hacienda y Crédito Público pronunciará un discurso en el cual expondrá los puntos esenciales de la política financiera del actual régimen. La intervención del Sr. Secretario de Hacienda en el acto de referencia muestra la gran importancia que el gobierno da a los actos de los dirigentes de la banca privada en el país.
Y esta importancia es evidente, a juzgar por el poder económico que los banqueros tienen en la vida de la Nación. Se justifica, por lo tanto, que nos ocupemos de precisar el papel de la banca privada y de los banqueros en función de los intereses fundamentales del país, que necesita acelerar el paso en la marcha del progreso.
El banquero moderno es un heredero distinguido del antiguo prestamista o cambista, con la importante diferencia de que éstos utilizaban sus propios recursos y el banquero opera esencialmente con recursos ajenos, propiedad de la colectividad. La función principal que se atribuye al banquero actual es la de servir de canal de comunicación entre el público que ahorra alguna parte de sus ingresos y los inversionistas o empresarios que necesitan esos ahorros para operar sus empresas o establecer nuevas negociaciones.
Al desempeñar esta función el banquero presta un importante servicio a la sociedad, ya que el cuenta-habiente recibe intereses, los empresarios desarrollan sus actividades en menor escala que la que sus propios recursos les permitirían y la comunidad obtiene mayores bienes y servicios. El banquero, por su parte, deriva ingresos por la prestación de sus servicios. Está lejos, pues, de ser el banquero un parásito social; sus servicios, concebidos en esta forma, son útiles dentro de los marcos de la organización social nuestra.
Sin embargo, las cosas no suceden en la forma tan simplista como se ha señalado. El banquero no juega un papel neutro, de simple intermediario. En la operación misma de otorgar créditos con base en los depósitos que ha recibido del público, realiza una operación eminentemente activa, es decir, se convierte en un “creador de dinero”.
El mecanismo es muy sencillo, aunque parece ser “arte de magia”. El público deposita dinero en efectivo en un banco y recibe chequeras que le dan derecho a girar hasta el monto de su depósito. Así se hacen retiros en fondos para atender a las distintas necesidades que el público tiene. Pero normalmente queda un remanente importante que no se retira, porque se establece una corriente de depósitos de los cuenta-habientes que exceden a los retiros de los propios cuenta-habientes. Son estos remanentes lo que utiliza el banquero para otorgar crédito y realizar otras operaciones que le permiten obtener utilidades. Al otorgar estos créditos, el banquero le entrega al cliente una chequera autorizándolo a girar hasta por la cantidad convenida. De esta suerte existen chequeras que dan derecho a los cuenta-habientes y también a los clientes que han recibido créditos del banco, a hacer retiros de efectivo por una cantidad total superior al monto de los depósitos efectivos que el público ha entregado al banco. En esta forma artificiosa el banco ha “creado una cantidad adicional de dinero”, por un monto igual a los créditos que ha concedido al público. Todo marchará bien mientras no acudan simultáneamente los cuenta-habientes y los clientes a hacer el retiro total de las sumas a las que tienen derecho. Cuando esto sucediera, el banco quebraría. Si supiéramos que el público ha depositado 100 millones de pesos en un banco y que en la confianza de que dicho público sólo hará retiros de 50 millones, el banquero otorga créditos por los 50 millones que quedan, tendríamos que con esta operación el banco ha creado, casi de la nada, 50 millones adicionales de derechos sobre dinero efectivo que sus clientes pueden utilizar cuando lo deseen. Pero si el público y estos clientes simultáneamente desean retirar los fondos a los que tienen derecho el banco que en total sólo dispone de 100 millones que el público ha depositado, no podrá hacer frente a las demandas de 150 millones; o sea, a los 100 de los depositantes y los 50 de los clientes que han recibido crédito. Desde luego, esto solamente sucede en casos de pánico, que por fortuna ya son hechos del pasado. Normalmente pues, los banqueros, con el dinero que reciben del público, están en condiciones de otorgar créditos, creando dinero, obteniendo utilidades y constituyéndose en personajes de gran poder e influencia en nuestra sociedad.
En este aspecto el banquero está realizando una operación que tradicionalmente corresponde al Estado, o sea, la de “crear dinero” y lo hace con los recursos que la colectividad le confía en depósito.
El banquero, importante como es por su función de “creador de dinero”, lo es todavía más por la posición estratégica que tiene al controlar la “bolsa de la comunidad”, que le permite participar en forma determinante en la actividad económica toda, extendiendo su acción desde su banco a otras actividades financieras, a la industria, al comercio y a los servicios en general. Se convierte en un monopolista con injerencia directa en multitud de empresas, a las que canaliza el grueso de los recursos que la sociedad le ha confiado. Una vez que esto sucede, el banquero utiliza los ahorros de la colectividad para dirigirlos hacia el conjunto de empresas a las que está ligado, las que disponen de crédito abundante, oportuno y barato. Pero se desentiende de las empresas que quedan fuera de su esfera de influencia y sobre todo si son competidoras de las suyas. Los empresarios que queden fuera de los círculos dominados por los banqueros afrontan muy serios problemas, no sólo para desarrollarse, sino aún para subsistir. Tienen que operar en escala limitada, teniendo que pagar tasas de interés de verdadero agio. Muchos industriales medianos y pequeños pagan intereses del 18% anual.
En cuanto a renglones básicos como la agricultura, solamente los productos de exportación reciben una atención importante por su alta redituabilidad y mayor seguridad de recuperación. El grueso de la actividad agrícola sufre de una angustiosa falta de crédito. Los banqueros operan en estas líneas solamente con el aval del gobierno.
Cuando se llega a la formación de grandes grupos de empresas alrededor de los grandes bancos, la función del banquero de hacer llegar los beneficios del crédito a los negocios en general, no se cumple y los recursos de la sociedad se utilizan para operaciones especulativas y para formar y consolidar monopolios en las principales ramas de la economía. Esta es precisamente la situación actual en que se encuentra nuestro país, que en esencia reproduce la de los principales países capitalistas como Estados Unidos, Inglaterra y Japón.
Los principales banqueros de México, que son los que dirigen los seis grandes bancos, que cuentan con el 88% de los depósitos totales del país, son a la vez , los principales empresarios en los ramos de seguros, de sociedades financieras, hipotecarias, en al industria, el comercio y en otras actividades importantes. Constituyen lo más granado de la iniciativa privada y son el factor determinante en las decisiones de inversión del sector privado, que es responsable de alrededor de 55% de las inversiones totales anuales del país. Sus decisiones afectan substancialmente la marcha de los negocios y de la economía nacional en general.
El alto grado de poder que han alcanzado los grandes banqueros en México, que poseen la fuerza económica suficiente para contribuir a lograr un alto ritmo de la actividad económica, pero también para frenar el desarrollo, si así acomoda a sus intereses particulares, debe ser motivo de seria preocupación para el gobierno y desde luego para todo ciudadano que desee el progreso firme y acelerado del país y la mejoría constante y substancial de los niveles de vida de la población. Esta preocupación conduce necesariamente a pensar en lo que se puede hacer para controlar los actos de personajes tan influyentes, evitar que aumenten su poder y lo utilicen esencialmente para fines egoístas. En la búsqueda de soluciones adecuadas, pensamos en forma preferente en la política que el gobierno puede seguir ante este problema. El gobierno dispone de los medios para influir en forma determinante en la conducta de los banqueros. Entre esos medios, las facultades de la Secretaría de Hacienda, la acción del Banco de México y la actividad del sector de la Banca nacional, son los más importantes.
¿Está el gobierno actuando en forma adecuada para ejercer el debido control sobre el sector bancario, evitar el abuso de su poder económico y convertirlo en un factor coadyuvante de un desarrollo económico con una verdadera justicia social? Atendiendo a los hechos, la respuesta es negativa. El gobierno ante la indiscutible fuerza del sector de la banca privada, sigue una política débil, de persuasión moral y de concesiones que, lejos de resolver el problema, lo acentúan. A reserva de tratar con profundidad y amplitud en ocasión posterior tan importantes cuestiones, señalaremos aquí sólo algunos de los aspectos más notorios, que sirven de base a nuestra posición.
La política seguida por la Secretaría de Hacienda de “saturación bancaria”, mediante la cual no permite el establecimiento de nuevos banco, pero en cambio sí autoriza la apertura de sucursales a los bancos ya establecidos (sucursales que son verdaderos bancos), tiene por resultado la consolidación de la situación monopolista de los grandes bancos. Con esta política se impide que grupos de industriales o de inversionistas en general, organicen nuevos bancos que los ayudarían a romper el “monopolio del dinero” que ejercen los seis grandes, y también les permitiría utilizar parte de los ahorros del público para el financiamiento de sus empresas.
Una actitud similar puede verse respecto al Banco de México, que es el banco central, encargado de controlar el sistema bancario privado en lo que hace a sus operaciones crediticias. No solamente participan en el consejo de Administración los principales directivos de los grandes bancos, por ser poseedores de acciones de la Serie “B”, sino que en forma inexplicable y del todo inconveniente, hasta los representantes de la Serie “A”, que es propiedad del gobierno Federal, son destacados banqueros del sector privado. Tal es el caso del Lic. Eduardo Suárez, que es Presidente del Consejo del Banco Comercial Mexicano y de los Srs. Ing. Gustavo P. Serrano y Sr. Cayetano Blanco Vigil, que son Consejeros del Banco Internacional. Con estas participaciones, los grandes banqueros tienen fuerte influencia en la institución bancaria más importante del país, precisamente la que fue establecida para controlar y orientar el sentido marcado por el interés general país y no los intereses particulares de esos grupos.
Las reflexiones que hemos hecho en ocasión de la próxima Asamblea de la Asociación de Banqueros de México, muestran la urgencia que existe de que el gobierno modifique su política respecto a la banca privada. Debe hacerlo, porque están en juego los intereses generales del país y la autoridad misma del Estado, que está amenazada por el desmesurado poder de los banqueros privados. Y puede hacerlo porque por más que la fuerza económica de este grupo sea grande, su base de sustentación es el dinero público y la posibilidad que tiene de utilizarlo, multiplicándolo, para sus fines particulares. Es pues, relativamente fácil segar el manantial del que deriva su fuerza, o al menos sometiendo a estricto control las operaciones que realicen. Una política de esta naturaleza contaría con la simpatía y apoyo, no solamente del gran público que por razón natural se opone a los monopolios de los que es víctima permanente, sino importantes sectores de la propia iniciativa privada que actualmente afrontan grandes obstáculos para desarrollas sus empresas, derivadas principalmente del “monopolio del dinero” que ejerce ese pequeño grupo de grandes banqueros. Con una política de control dirigida a lograr que el dinero de la sociedad se utilice fundamentalmente en beneficio general de la misma sociedad, y no en provecho de los pequeños grupos que lo manejan a través de los grandes bancos, el desarrollo económico del país se acelerará y habrá mayor libertad para los empresarios en general y la acción del estado se podrá ejercer más fácilmente en beneficio de la colectividad. De esta suerte las asambleas de los banqueros dejarían de ser un tribunal ante el cual comparece el gobierno a informar de sus actos y de su política y a solicitar la cooperación de la banca privada para convertirse, en una ocasión en que los banqueros, que manejan el dinero de la sociedad informen ante esa misma sociedad, como han utilizado los recursos que le han confiado. Así el banquero privado podría considerarse como servidor de la nación y no como un simple heredero, aunque distinguido, del antiguo prestamista o usurero.♦