El rescate de la riqueza nacional justifica la intervención del Estado
El desarrollo de las operaciones del gobierno mexicano como empresario es un producto de la Revolución. Es cierto que en el gobierno del General Anastasio Bustamante se creó, en 1830, el Banco de Avío, como institución de crédito para fomentar el desarrollo industrial, pero intentos como este fueron de corta vida por la filosofía liberal imperante y por las enormes dificultades económicas y políticas que sufrió el país en las primeras décadas de su vida independiente.
Cuando se disfrutó de paz bajo el gobierno del general Porfirio Díaz, el desarrollo del país se orientó en el sentido esencialmente capitalista, por lo que el gobierno se abstuvo, en general, de participar como empresario en las actividades económicas. (Como excepción para confirmar la regla, tenemos el caso de la intervención del gobierno de Díaz en los ferrocarriles). El papel del gobierno de Díaz se limitó a ejercer funciones de “policía” dejando que el sector privado, preponderantemente extranjero, se hiciera cargo de los negocios en general.
Fue la Revolución, con su carácter popular, antifeudal y nacionalista la que cambió la actitud del gobierno ante las actividades económicas. Cambiar el “estado de cosas” en favor de las masas populares y en defensa de los intereses nacionales exigía una amplia intervención estatal en los asuntos económicos, tanto en lo que hace a la regulación de las actividades económicas de los particulares, como en lo relativo a la participación directa del propio gobierno, como empresario.
El estado de cosas imperante obedecía precisamente a la libertad ‑casi irrestricta- de que había disfrutado el sector privado para hacer y también no hacer y a la abstención del gobierno porfirista de participar en las actividades económicas en el sentido que demandaba el interés nacional.
La Constitución de 1917 recogió las aspiraciones de la Revolución y sentó las bases para una política intervencionista del gobierno en los asuntos económicos, orientada hacia la defensa de los intereses nacionales y al bienestar de la colectividad.
Los artículos 27, 28 y 123, constituyeron las columnas jurídicas de esas aspiraciones. La Constitución de 1917, sin embargo, adoleció de contradicciones serias, como la relativa a la inclusión del Artículo 4°, en la que campea una filosofía liberal, que ha dificultado y aun anulado en muchos casos, la acción estatal en el sentido revolucionario, es decir, de defensa de las riquezas nacionales y en favor de las masas populares. Estas contradicciones han estado presentes a lo largo del período post-revolucionario y han servido a la oligarquía para mantener su posición dominante.
Barrera al dominio extranjero
Una de las razones más importantes que explican y justifican la intervención de un gobierno revolucionario, es la necesidad vital que tiene nuestro país de rescatar la riqueza nacional de manos de monopolios extranjeros y de resistir al dominio que intereses extranjeros intentan ejercer sobre nuestra economía. La intervención del gobierno mexicano en este sentido ¿está cumpliendo con ese objetivo vital? Veamos algunos datos.
En el conjunto de las empresas de participación estatal y de organismos descentralizados destaca un buen número que ha surgido como resultado de una política nacionalista de rescate de las riquezas que estaban en manos extranjeras. Figuran entre las más importantes las siguientes:
Petróleos Mexicanos, Ferrocarriles Nacionales de México, (incluyendo el antiguo Ferrocarril Mexicano) Ferrocarriles del Pacífico, Ferrocarril Chihuahua-Pacífico, Compañía Mexicana de Luz y Fuerza del Centro, Industrial Eléctrica Mexicana, Aeronaves, La Consolidada (absorbida por Altos Hornos de México), Compañía Minera de Pachuca y Real del Monte, Compañía Minera de Angangueo, Industria Nacional Químico-Farmacéutica y otras.
El control extranjero de actividades tan importantes comprometía peligrosamente la independencia económica del país y limitaba seriamente las posibilidades del desarrollo nacional, porque dichas empresas se manejaban de acuerdo con los intereses de lucro desmedido de monopolios extranjeros.
El rescate de esas actividades por parte del gobierno, es sin lugar a dudas, de una importancia incalculable. El petróleo y la electricidad, industrias energéticas básicas, podrán servir de puntales al desarrollo económico nacional independiente; los ferrocarriles en apretada red, podrán cumplir el mismo propósito. Y las demás actividades: mineras, industriales, etc., rescatadas de manos extranjeras y puestas bajo el control gubernamental, podrán orientarse hacia el logro de las metas de la Revolución.
Se puede decir que cada empresa rescatada de manos extranjeras y puesta bajo el control del gobierno constituye en principio, un avance en el camino de la consolidación de la independencia económica nacional. Desde luego que un significado semejante puede tener también la transferencia de empresas ahora en manos extranjeras, al sector privado mexicano, si tal transferencia es genuina y no una argucia para eludir el cumplimiento de leyes o disposiciones del gobierno de nuestro país.
El rescate de empresas es positivo independientemente de la forma en que se logre. No cabe duda que el método más revolucionario y conveniente es el de la nacionalización, porque se realiza en general en condiciones más acordes con las necesidades nacionales y no en los términos fijados por los extranjeros. Pero la compra también es una forma conveniente cuando se trate de adquirir empresas importantes dedicadas a actividades básicas, como fue el caso de la compra de las empresas eléctricas. Lo que debe evitarse es que esas adquisiciones se hagan innecesariamente a “precios de oro”. También debe evitarse adquirir empresas quebradas, cadáveres económicos que no van a reportar beneficios verdaderos, sino que por el contrario van a constituir una pesada carga nacional.
Podemos afirmar, por lo tanto, que la participación del gobierno mexicano en empresas importantes antes dominadas por intereses extranjeros, tiene un alto significado en el desarrollo independiente del país y que, en este sentido, México ha dado pasos de incalculables consecuencias favorables. Por si solo este hecho justifica ampliamente la creciente participación gubernamental en los asuntos económicos. Cada intervención del gobierno en esta dirección es un factor de gran valor nacionalista y revolucionario.
Debe fortalecerse el sector estatal
Pero una acción de este tipo aunque indispensable y de gran trascendencia, no es suficiente. En primer lugar, es necesario fortalecer las empresas rescatadas para que sean en verdad valladares al dominio extranjero. En segundo lugar, se requiere intensificar el proceso de rescate en renglones básicos y crearse nuevas empresas para lograr integrar un sector gubernamental suficientemente amplio y coherente, cerrando el paso a los monopolios extranjeros. Y en tercer lugar, debe proyectarse la actividad de las empresas y organismos del Estado hacia la satisfacción de las necesidades de los sectores populares.
El fortalecimiento de las empresas estatales rescatadas (y todas las demás que maneje el gobierno) es un imperativo para que el Estado cumpla con las responsabilidades que tiene ante la Nación. Esto hace necesario que dichas empresas y organismos sean manejados con eficiencia económica, dentro del marco de interés social en que deben operar. El manejo con sentido social no está reñido en absoluto con la eficiencia. La confusión obedece a los intereses personales de administradores deshonestos o negligentes, que se escudan en la finalidad social de las instituciones a su cargo, para medrar, “hacer política”, o simplemente para “darse la gran vida” sin trabajar.
El manejo eficiente permitirá la necesaria capitalización interna, para mejoras o ampliaciones en la potencia productiva, con lo que se reducirán substancialmente las necesidades de financiamientos externos, que ahora alcanzan elevadas proporciones y que minan la fortaleza e independencia de las empresas y organismos. Es urgente e imprescindible, por lo tanto, mejorar substancialmente la eficiencia en el sector estatal, para consolidarlo y para que cumpla mejor con las finalidades sociales que tiene encomendadas.
Por su parte, la ampliación del sector gubernamental mediante la continuación de la política de nacionalizaciones y compra es igualmente necesaria para hacerle frente en mejor forma a la amenaza de dominio económico extranjero. El establecimiento de nuevas empresas y organismos puede contribuir también a cerrar el paso a los intentos de los monopolios extranjeros de adueñarse de nuestra economía. Esto es más necesario en atención de que la gran burguesía parece no estar dispuesta a ofrecer resistencia al dominio extranjero y la burguesía nacional aunque quiere hacerlo y lo hace en la medida que puede, se encuentra en condiciones de visible inferioridad ante los gigantes extranjeros.
Finalmente, todos los esfuerzos deben dirigirse a asegurar un mayor bienestar para los más amplios sectores populares. Este es el principio y el fin de una acción verdaderamente revolucionaria. Si el sector gubernamental no tiene como norma inviolable de su acción lograr un mayor bienestar y seguridad económica para el pueblo, así como la consolidación de la independencia económica nacional, no está obrando de acuerdo con los anhelos de la Revolución. Si la consolidación del sector estatal se convierte en un instrumento más al servicio de la oligarquía nacional y extranjera, se estarán violando los principios fundamentales de la Revolución Mexicana ¿Cuál es la situación real que prevalece en el país a este respecto? Intentaremos ir dando respuesta objetiva a esta interrogante, trascendental, como una responsabilidad revolucionaria insoslayable.♦