La inversión oficial debe acudir al campo de industrias básicas y no sólo al de las infraestructuras.
El gobierno mexicano es el más importante inversionista del país. El monto de sus inversiones ha seguido una tendencia ascendente (aunque con fluctuaciones importantes) hasta llegar a los dos últimos años a superar a las del sector privado en su conjunto.
En términos generales, consideramos que es beneficioso para nuestro país que la inversión vaya siendo preponderadamente una inversión gubernamental y no del sector privado, porque estas últimas se rigen por el deseo de obtener utilidades máximas para beneficio particular (y en el caso de México en provecho de extranjeros en alto grado), y las gubernamentales, pueden tener como norma el beneficio de la población.
Sin embargo, no es suficiente lograr que el gobierno invierta mucho dinero y que supere el sector privado, sino que es igualmente importante que las inversiones del gobierno se hagan con criterios sanos atendiendo a las necesidades de un desarrollo económico acelerado, independiente y democrático.
Hasta los sectores económicos más poderosos de la oligarquía son partidarios entusiastas de la política gubernamental de grandes inversiones, porque esas inversiones permiten mantener un alto nivel de la actividad económica, por la gran derrama de ingresos que se traducen en mayores ventas para ellos y por que las inversiones gubernamentales contribuyen a mejorar las condiciones generales en que opera el sector privado, tales como más y mejores carreteras, más electricidad, mayor dotación de combustibles baratos, grandes presas, mejores puertos, etc., etc.
De esta suerte, el sector privado recibe cuantiosos beneficios de las inversiones gubernamentales concebidas en esa forma. El gobierno se convierte así en un apuntador de la iniciativa privada, en un Chef que prepara la mesa para que la oligarquía disfrute de un “banquete” permanente y suculento.
El entusiasmo de la oligarquía desaparece y se torna en violenta oposición, sin embargo, cuando las inversiones gubernamentales se dirigen a actividades productivas y redituables, especialmente a las de tipo industrial, porque sienten amenazados sus intereses vitales hablan de “competencia desleal” de parte del gobierno, porque según ellos, el sector privado (entiéndanse la oligarquía nacional y extranjera) deben tener reservada, en exclusividad, la esfera de los negocios redituables. Desde luego que no se toman el trabajo de explicar por qué el sector privado debe tener este privilegio. Si lo hicieran, se verían en verdaderos apuros para justificar esos privilegios, porque no existe ninguna razón, salvo el de que el sector privado asegurara un desarrollo económico para beneficio de la colectividad, lo cual evidentemente no sucede. Solamente la fuerza les ha permitido mantener ese privilegio.
Las inversiones gubernamentales.
Al analizar los datos oficiales de las inversiones del gobierno de México, encontramos lo siguiente:
De 1950 a 1963 las inversiones del sector gubernamental se elevaron de 2,672 millones de pesos a 13,821 millones, lo que quiere decir un aumento promedio anual del 40%. Las inversiones del gobierno, por lo tanto, siguen una marcha ascendente de mayor celeridad que el conjunto de la actividad económica.
Ahora, respecto al tipo de actividad a que se han canalizado las inversiones del gobierno encontramos que en 1963 (último para el que obtuvimos datos oficiales) los 13,821 millones invertidos, se distribuyeron como sigue: 4,818 millones o sea el 35% del total, en actividades de infraestructura (carreteras, irrigación, ferrocarriles, comunicaciones aéreas y ductos entre las más importantes); otros 4,423 millones de pesos, es decir el 32 por ciento, se destinaron a inversiones sociales, de administración y defensa (servicios públicos, habitación, hospitales y centros asistenciales, entre los más importantes); finalmente, 4,580 millones de pesos, un 33% fueron invertidos en industrias básicas y semibásicas (petróleo, electricidad, hierro y acero y carbón, entre las más importantes).
De lo anterior se desprende que dos terceras partes de las inversiones del gobierno se han dirigido a actividades de infraestructura y de tipo social, y sólo la tercera parte ha sido destinada a actividades industriales. Salta a la vista, por lo tanto, que la preocupación preferente del gobierno ha sido la de invertir en renglones que aumenten la capacidad productiva general del país y faciliten el establecimiento de empresas del sector privado, así como en líneas de beneficio social general. La desproporción entre este tipo de inversiones y las de carácter industrial redituable directamente para el gobierno, es manifiesta.
Pero esa desproporción es todavía mayor si consideramos que las inversiones en electricidad, aunque de tipo directamente productivo y también posiblemente redituables, tienen un carácter muy similar a las de infraestructura, porque como los mejores caminos, ferrocarriles y puertos, la abundancia de energía eléctrica, permite al sector privado operar en condiciones mucho más lucrativas. Si sumamos las inversiones en electricidad a las de infraestructura, encontramos que la proporción de estos renglones se eleva al 48% (casi la mitad del total), que sumadas a las de tipo social general, alcanzan el 80% del total.
De esta suerte, las inversiones del gobierno en industrias básicas y semibásicas, alcanzan solamente el 20% del total, en las que un solo renglón, el petróleo y gas, representan el 14% del total. La esfera de “competencia” con el sector privado, por lo tanto, se limita al petróleo (desde luego de extremada importancia) y solamente en un 6% a otro tipo de actividades industriales.
* * *
¿Debe el gobierno invertir en actividades que aumenten en general la capacidad productiva del país y en obras de carácter social? La respuesta, sin lugar a dudas, es que sí debe hacerlo.
Pero si aspiramos a que México se desarrolle en forma independiente, democrática y en beneficio directamente de las grandes mayorías, es necesario que las inversiones públicas se realicen de acuerdo con una serie de criterios para que cumplan esos propósitos.
En primer lugar, el gobierno debe elaborar un Plan de desarrollo económico-social que tenga como metas lograr un desarrollo de alto ritmo, firme, independiente y democrático. En las condiciones concretas de México eso implica, entre otras cosas que el gobierno incremente sustancialmente su participación en la actividad económica como empresario.
En segundo lugar, es necesario que las inversiones del gobierno actúen como una contra-fuerza al dominio que actualmente ejerce la oligarquía extranjera y nacional sobre la mayoría de las actividades más importantes de la economía. Para ello es impostergable el deber que el gobierno tiene de invertir en las industrias básicas y semibásicas, con lo que se asegurará la integración más racional de la industria, y se consolidará la independencia económica del país.
En tercer lugar, las cuantiosas inversiones del gobierno en actividades de infraestructura y electricidad, que se realizan con recursos de la colectividad y que tantas utilidades reportan al sector privado, deben ser recuperadas por el gobierno en la forma concreta de tarifas y cuotas convenientes o en general en forma de mayores impuestos a las utilidades. En la actualidad, esas inversiones favorecen desproporcionadamente a la oligarquía en forma casi gratuita, constituyendo una especie de subsidio que le otorga la colectividad y con el cual la oligarquía aumenta su fuerza y la puede usar en contra del propio pueblo.
¿Verdad que esto es inconveniente, además de muy injusto?
Si las cuantiosas inversiones que ahora realiza el gobierno en caminos, obras de riego, ferrocarriles, puertos, electricidad, etc., se recuperan en la forma indicada, no gravitarán sobre las masas populares y permitirán al gobierno disponer de recursos mayores para ampliarlas, además de liberar sumas considerables para aumentar las inversiones en industrias básicas y semibásicas y las de tipo social general, como son las obras sanitarias, las educativas, asistenciales, etc.
De acuerdo con estos razonamientos podemos concluir que es necesario que el gobierno reoriente su política de inversiones en el sentido de contrarrestar la fuerza dominadora de la oligarquía, de hacerle pagar a la oligarquía extranjera y nacional los beneficios que recibe con las inversiones públicas, invertir mucho más en industrias básicas y semibásicas y finalmente, proyectar la acción de los organismos y empresas gubernamentales hacia el objetivo de elevar las condiciones de vida de los sectores populares.♦